Divendres, 23 de març de 2012
Noticias generales
El Gobierno aprueba la Ley de Transparencia
Palma, 23 de marzo de 2012
Los ciudadanos podrán consultar todos los contratos de la Administración general del Estado. Se harán públicos todos los datos sobre los procedimiento de adjudicación, así como todas las subvenciones o ayudas públicas que cada departamento concede y convenios que suscribe.
Los ciudadanos podrán consultar todos los contratos de la Administración general del Estado. Se harán públicos todos los datos sobre los procedimiento de adjudicación, así como todas las subvenciones o ayudas públicas que cada departamento concede y convenios que suscribe.
CincoDías.com - Madrid - 23/03/2012
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la conocida como Ley de transparencia, que se pone así al nivel del resto de Estados europeos, que cuentan ya con normativas de acceso para todos los ciudadanos. La Administración española deje de ser una de las más opacas de los países occidentales y de los últimos sin ley de transparencia. Así, el Gobierno pone disposición de los ciudadanos todos los contratos de la Administración general del Estado: publicará cuál fue el procedimiento, el importe y el adjudicatario, también de todas las subvenciones o ayudas públicas que cada departamento concede y convenios que suscribe.
Cada ministerio y cada dirección general tendrán que dar a conocer todos sus contratos, cómo se gasta el dinero, con qué organigrama trabaja, y cuál es el sueldo de su equipo directivo. Esta información se centralizará en el Portal de la Transparencia, en el que el Gobierno publicará la documentación que considere de interés público y a través del cual los ciudadanos podrán solicitar información.
A partir del lunes el anteproyecto se someterá a un periodo de información y audiencia pública en las páginas web de los Ministerios, durante el que se atenderán las sugerencias de los ciudadanos.
G. Escribano - Madrid - 23/03/2012
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado como una de las principales novedades del código de buen gobierno la posibilidad de inhabilitación de los gestores públicos durante un periodo de 10 en caso infracciones de gran gravedad tales como el falseamiento de las cuentas públicas. También se conisderarán infracciones de especial gravedad al gasto descontrolado e injustificado, al incumplineto de los objetivos de déficit y deuda pública así como la ocultación de información.
En el Consejo de Ministros además de la primera lectura del anteproyecto de ley de transparencia, que permitirá un reforzamiento de la credibilidad de las instituciones públicas, Sáenz de Santamaría ha apuntado a la creación, por primera vez en la historia, de un código con rango de ley. La gran diferencia que existe con las anteriores recomendaciones de carácter ético es que en este caso se trata de obligaciones que en caso de incumplimiento darán lugar a la puesta en marcha de mecanismos sancionadores.
Este código junto a la ley de transparencia servirán para reforzar y complementar la ley de Estabilidad Presupuestaria con el objetivo así de evitar nuevos desvíos en las cuentas públicas y eliminar la opacidad que predomina en la administración. Prueba de ello es que España es el único país del grueso de la UE que no dispone de una norma de estas características, tal y como ha señalado la vicepresidenta.
CincoDías.com - Madrid - 23/03/2012
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la conocida como Ley de transparencia, que se pone así al nivel del resto de Estados europeos, que cuentan ya con normativas de acceso para todos los ciudadanos. La Administración española deje de ser una de las más opacas de los países occidentales y de los últimos sin ley de transparencia. Así, el Gobierno pone disposición de los ciudadanos todos los contratos de la Administración general del Estado: publicará cuál fue el procedimiento, el importe y el adjudicatario, también de todas las subvenciones o ayudas públicas que cada departamento concede y convenios que suscribe.
Cada ministerio y cada dirección general tendrán que dar a conocer todos sus contratos, cómo se gasta el dinero, con qué organigrama trabaja, y cuál es el sueldo de su equipo directivo. Esta información se centralizará en el Portal de la Transparencia, en el que el Gobierno publicará la documentación que considere de interés público y a través del cual los ciudadanos podrán solicitar información.
A partir del lunes el anteproyecto se someterá a un periodo de información y audiencia pública en las páginas web de los Ministerios, durante el que se atenderán las sugerencias de los ciudadanos.
Los cargos públicos podrán ser inhabilitados durante diez años
En la rueda de prensa que sigue al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría ha indicado que una de las novedades que contribuirán a reforzar la credibilidad de España es la aprobación de un código de buen gobierno con rango de ley de obligado cumplimiento para todas las administraciones.G. Escribano - Madrid - 23/03/2012
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado como una de las principales novedades del código de buen gobierno la posibilidad de inhabilitación de los gestores públicos durante un periodo de 10 en caso infracciones de gran gravedad tales como el falseamiento de las cuentas públicas. También se conisderarán infracciones de especial gravedad al gasto descontrolado e injustificado, al incumplineto de los objetivos de déficit y deuda pública así como la ocultación de información.
En el Consejo de Ministros además de la primera lectura del anteproyecto de ley de transparencia, que permitirá un reforzamiento de la credibilidad de las instituciones públicas, Sáenz de Santamaría ha apuntado a la creación, por primera vez en la historia, de un código con rango de ley. La gran diferencia que existe con las anteriores recomendaciones de carácter ético es que en este caso se trata de obligaciones que en caso de incumplimiento darán lugar a la puesta en marcha de mecanismos sancionadores.
Este código junto a la ley de transparencia servirán para reforzar y complementar la ley de Estabilidad Presupuestaria con el objetivo así de evitar nuevos desvíos en las cuentas públicas y eliminar la opacidad que predomina en la administración. Prueba de ello es que España es el único país del grueso de la UE que no dispone de una norma de estas características, tal y como ha señalado la vicepresidenta.
