Divendres, 27 de juliol de 2012
Noticias generales
El Gobierno aprueba la responsabilidad penal de los gestores públicos y endurece el castigo contra los defraudadores
Expansión, 27 de julio de 2012
El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal, que endurecerá las penas para esas conductas y para el fraude fiscal, además de la ley de transparencia, por la que se acentúan las sanciones contra los gestores públicos que malgasten o falseen cuentas públicas.
27.07.2012 M. C. G./Agencias 2
El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal, que endurecerá las penas para esas conductas y para el fraude fiscal, además de la ley de transparencia, por la que se acentúan las sanciones contra los gestores públicos que malgasten o falseen cuentas públicas.
El Gabinete presidido por Mariano Rajoy aprueba además definitivamente para remitirlo a las Cortes el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que regula las infracciones de los cargos públicos en materia de gestión económica y presupuestaria y que permitirá inhabilitar con una pena de hasta diez años a los malos gestores públicos que gasten sin tener competencia o crédito.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que mediante esta segunda ley se refuerzan las competencias y garantías de la Agencia de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos, aunque la principal novedad de la ley es que se refuerza la respuesta penal a la mala gestión de los recursos públicos.
En los casos más graves de falseamiento de cuentas públicas, el gestor podrá ser sancionado con penas de prisión además de inhabilitación. "Quien falseee cuentas públicas u oculte datos será sancionado con penas de prisión de uno a cuatro años además de la inhabilitación de uno a diez años.
Además, esta legislación conllevará una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que haber sido penado con una sanción grave sea "causa de ilegibilidad".
La ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, según el anteproyecto, anulará el tope máximo de la cuantía de las sanciones, que se situaba en 187.515 euros, y reforzará el trabajo de los inspectores para hacer aflorar la economía sumergida.
La norma eleva el rango de las sanciones y, por ejemplo, tipifica como infracción muy grave que una empresa haga ir a trabajar a empleados afectados por un ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornada. Se reforzará además la lucha contra la aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
La reforma del Código Penal recoge las nuevas penas máximas para el fraude a la Seguridad Social, que pasan de cinco a seis años, y amplía la prescripción de cinco a diez años en los supuestos más graves, cambios que también afectarán al fraude fiscal.
La vicepresidenta ha señalado que se dará una respuesta tajante a las tramas de defraudación del IVA. Los defraudadores que sobrepasen los 20.000 euros de defraudación serán perseguidos criminalmente, ha explicado. Además, se agravarán los delitos frente a la seguridad social -deducciones, cuotas, prestaciones, etcétera-. Desde ahora, se perseguirá criminalmente a partir de cuantías menores de defraudación.
Más transparencia para todas las administraciones, salvo para la Casa Real Por otra parte, la ley de Transparencia regula el derecho de acceso a la información de las instituciones públicas y establece un "código de buen gobierno" que deberán respetar todos los cargos de todas las administraciones, con un régimen de infracciones y sanciones para quienes lo incumplan.
Quedarán reguladas las infracciones en gestión económica y los casos más graves, como el falsear cuentas u ocultar datos contables, serán castigados con una pena de inhabilitación de hasta diez años y multa.
La norma castiga también la administración de recursos públicos sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; los compromisos de gasto o los pagos sin crédito suficiente o que incumplan la ley presupuestaria; o la ausencia de justificación de las subvenciones.
La ley, además, da al ministro de Hacienda el poder de sancionar a los cargos de cualquier administración pública estatal, autonómica o local que incumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entre las sanciones figura la "destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos".
También se incluyen sanciones como la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas o la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves puedan ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.
Aparte de reforzar la responsabilidad de los gestores en el manejo del dinero público, la Ley de Transparencia pretende aumentar la transparencia de las administraciones y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.
La norma se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública -que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones-. De hecho, algunas de ellas se han incorporado, como la de someter a esta norma a los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público. También se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas, según informó hace un mes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Sin embargo, y pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una administración pública. Sáenz de Santamaría señaló que la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".
El Gobierno ha decidido mantener en la norma el silencio negativo, desestimando la solicitud de convertirlo en silencio positivo, por considerar que hay materias que son sensibles como la seguridad ciudadana, la defensa nacional o que pueden afectar a personas vinculadas a procedimientos administrativos. Actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que hay que preservar", declaró en su momento la portavoz del Gobierno.
Portal de la transparencia Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación de un Portal de la Transparencia, una web única para la Administración General del Estado en la que todos los ministerios y entidades incluirán su información para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a un único órgano que se encargará de redistribuirla.
Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios, que se va a "dotar de más independencia", de forma que el nombramiento y las causas de cese de su presidente se equipararán a los de los organismos reguladores, según el Ejecutivo.
Otra de las novedades de esta ley se recoge en las disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según explicó la portavoz del Ejecutivo, ese plan redundará en dar más facilidades en el tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.
Esta norma, que el Gobierno de Mariano Rajoy enmarca en su programa de regeneración democrática, llega al Consejo de Ministros de este viernes después de haber pasado por la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado. Una vez aprobado mañana será remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria.
De acuerdo con el calendario que maneja el Gobierno, la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la parte relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.
La de hoy será la última reunión del Gobierno en julio, pero el Gabinete no se irá de vacaciones, ya que está previsto que se celebre un nuevo Consejo de Ministros el viernes 3 de agosto.
El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal, que endurecerá las penas para esas conductas y para el fraude fiscal, además de la ley de transparencia, por la que se acentúan las sanciones contra los gestores públicos que malgasten o falseen cuentas públicas.
El Gabinete presidido por Mariano Rajoy aprueba además definitivamente para remitirlo a las Cortes el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que regula las infracciones de los cargos públicos en materia de gestión económica y presupuestaria y que permitirá inhabilitar con una pena de hasta diez años a los malos gestores públicos que gasten sin tener competencia o crédito.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que mediante esta segunda ley se refuerzan las competencias y garantías de la Agencia de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos, aunque la principal novedad de la ley es que se refuerza la respuesta penal a la mala gestión de los recursos públicos.
En los casos más graves de falseamiento de cuentas públicas, el gestor podrá ser sancionado con penas de prisión además de inhabilitación. "Quien falseee cuentas públicas u oculte datos será sancionado con penas de prisión de uno a cuatro años además de la inhabilitación de uno a diez años.
Además, esta legislación conllevará una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que haber sido penado con una sanción grave sea "causa de ilegibilidad".
La ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, según el anteproyecto, anulará el tope máximo de la cuantía de las sanciones, que se situaba en 187.515 euros, y reforzará el trabajo de los inspectores para hacer aflorar la economía sumergida.
La norma eleva el rango de las sanciones y, por ejemplo, tipifica como infracción muy grave que una empresa haga ir a trabajar a empleados afectados por un ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornada. Se reforzará además la lucha contra la aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
La reforma del Código Penal recoge las nuevas penas máximas para el fraude a la Seguridad Social, que pasan de cinco a seis años, y amplía la prescripción de cinco a diez años en los supuestos más graves, cambios que también afectarán al fraude fiscal.
La vicepresidenta ha señalado que se dará una respuesta tajante a las tramas de defraudación del IVA. Los defraudadores que sobrepasen los 20.000 euros de defraudación serán perseguidos criminalmente, ha explicado. Además, se agravarán los delitos frente a la seguridad social -deducciones, cuotas, prestaciones, etcétera-. Desde ahora, se perseguirá criminalmente a partir de cuantías menores de defraudación.
Más transparencia para todas las administraciones, salvo para la Casa Real Por otra parte, la ley de Transparencia regula el derecho de acceso a la información de las instituciones públicas y establece un "código de buen gobierno" que deberán respetar todos los cargos de todas las administraciones, con un régimen de infracciones y sanciones para quienes lo incumplan.
Quedarán reguladas las infracciones en gestión económica y los casos más graves, como el falsear cuentas u ocultar datos contables, serán castigados con una pena de inhabilitación de hasta diez años y multa.
La norma castiga también la administración de recursos públicos sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; los compromisos de gasto o los pagos sin crédito suficiente o que incumplan la ley presupuestaria; o la ausencia de justificación de las subvenciones.
La ley, además, da al ministro de Hacienda el poder de sancionar a los cargos de cualquier administración pública estatal, autonómica o local que incumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entre las sanciones figura la "destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos".
También se incluyen sanciones como la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas o la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves puedan ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.
Aparte de reforzar la responsabilidad de los gestores en el manejo del dinero público, la Ley de Transparencia pretende aumentar la transparencia de las administraciones y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.
La norma se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública -que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones-. De hecho, algunas de ellas se han incorporado, como la de someter a esta norma a los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público. También se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas, según informó hace un mes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Sin embargo, y pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una administración pública. Sáenz de Santamaría señaló que la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".
El Gobierno ha decidido mantener en la norma el silencio negativo, desestimando la solicitud de convertirlo en silencio positivo, por considerar que hay materias que son sensibles como la seguridad ciudadana, la defensa nacional o que pueden afectar a personas vinculadas a procedimientos administrativos. Actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que hay que preservar", declaró en su momento la portavoz del Gobierno.
Portal de la transparencia Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación de un Portal de la Transparencia, una web única para la Administración General del Estado en la que todos los ministerios y entidades incluirán su información para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a un único órgano que se encargará de redistribuirla.
Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios, que se va a "dotar de más independencia", de forma que el nombramiento y las causas de cese de su presidente se equipararán a los de los organismos reguladores, según el Ejecutivo.
Otra de las novedades de esta ley se recoge en las disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según explicó la portavoz del Ejecutivo, ese plan redundará en dar más facilidades en el tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.
Esta norma, que el Gobierno de Mariano Rajoy enmarca en su programa de regeneración democrática, llega al Consejo de Ministros de este viernes después de haber pasado por la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado. Una vez aprobado mañana será remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria.
De acuerdo con el calendario que maneja el Gobierno, la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la parte relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.
La de hoy será la última reunión del Gobierno en julio, pero el Gabinete no se irá de vacaciones, ya que está previsto que se celebre un nuevo Consejo de Ministros el viernes 3 de agosto.
