Dimarts, 22 de gener de 2013
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Las reformas que vienen
Expansión, 21 de enero de 2013
Los deberes que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dijo autoimponerse en septiembre pasado incluían una batería de 43 medidas que llevar a cabo entre finales de 2012 y 2013: La estrategia española de política económica. La propia Comisión Europea, en boca de su comisario Olli Rehn, la bendijo y sostuvo que, con ello, no iba a pedir a España esfuerzos adicionales durante este año. La tarea es, sin embargo, difícil de lograr.
21.01.2013 MADRID Bernat García1
Los deberes que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dijo autoimponerse en septiembre pasado incluían una batería de 43 medidas que llevar a cabo entre finales de 2012 y 2013: La estrategia española de política económica. La propia Comisión Europea, en boca de su comisario Olli Rehn, la bendijo y sostuvo que, con ello, no iba a pedir a España esfuerzos adicionales durante este año. La tarea es, sin embargo, difícil de lograr.
El Gobierno, prisionero de este estricto calendario ante Bruselas, ha alcanzado hasta la fecha un alto grado de cumplimiento de las medidas (aunque no completo). Los mercados parecen aplaudirlo a juzgar por la prima de riesgo y por los primeros piropos que llegan de instituciones internacionales.
El Ejecutivo no puede, sin embargo, quitar el pie del acelerador. Quedan una veintena de leyes que llevar a cabo en el trimestre que acaba de empezar, además de aquellas prometidas para 2012 y que se quedaron en el tintero, para asegurar el trazo. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, pilota el torbellino reformista porque es él quien debe rendir cuentas ante Europa.
De su cumplimiento o no depende la credibilidad del Gobierno para el próximo año. El Ejecutivo es el único que prevé apenas un descenso del 0,5% del PIB para la economía española el próximo año, frente al punto y medio de contracción consensuado entre analistas. Las previsiones públicas, como reconoce el Ejecutivo, depende de la eficacia y premura de lo que está por aprobar. La sombra del rescate parece ahora tenue, pero puede oscurecerse si el Gobierno se relaja.
Esperada liberalización Una de las patatas calientes que debe resolver Economía de forma inmediata, y una de las piezas que más reclama Bruselas, es la ley de la unidad de mercado, que debe terminar de una vez con las trabas territoriales para las empresas dentro de España. Una de las más esperadas, por necesaria y por remolona.
Según la agenda de Guindos se esperaba para el último trimestre de 2012, pero su entrada en Consejo de Ministros se retrasa semana a semana. La norma entrará en Moncloa, aunque corre el riesgo de quedar descafeinada para no irritar en exceso a autonomías como Cataluña y Andalucía.
Hermanada a esta reforma, también tiene que ver la luz la ley de medidas en el ámbito del ejercicio profesional, que limitará la colegiación obligatoria a la abogacía (y solo en algunos casos), a la sanidad, y ciertas profesiones técnicas, como los arquitectos. El revuelo que se ha organizado entre las asociaciones del sector es tanto que se prevé también una batalla ardua y larga hasta liberalizar el sector.
Ambos proyectos deberían estar en vigor desde el año pasado, pero el ímpetu reformista choca de frente con las administraciones autonómicas y locales que no están dispuestas a renunciar a sus propios privilegios normativos y de control sobre la actividad que en su territorio sucede. La maraña institucional en España es de lo peor visto por Europa.
También en este sentido, el programa del Gobierno había prometido para el trimestre extinto una ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local para delimitar competencias municipales, evitar duplicidades y suprimir estructuras administrativas redundantes.
Junto a esta normativa debía aplicarse la ley orgánica de régimen electoral, para delimitar el sueldo y número de concejales, que el actual Ejecutivo considera excesivo. Pero la resistencia de los alcaldes ha sido contundente y, ninguna de las normas ha visto todavía la luz. Además de los entes locales, el Ejecutivo tiene una personal batalla con los gobiernos autonómicos por los hasta ahora descontrolados desvíos del gasto.
Una vez más, las tensiones territoriales han evitado que el Ejecutivo se emplee sin complejos en este campo. Para ello, el programa de reformas incluye la creación de una autoridad fiscal independiente para velar por la normativa presupuestaria y sancionar sin cadenas las administraciones incumplidoras. Rajoy aprovechó una entrevista con el rotativo Wall Street Journal para anunciarlo, lo que da cuenta de su interés a nivel internacional.
El calendario del Gobierno proyecta aprobar su creación en el primer trimestre de 2013. Para las regiones el Gobierno ha prometido también medidas para ahorrar, como la extensión de las centrales de compra como ya funciona con el material sanitario. Con compras mayores, la factura se verá reducida para cada administración, y el Ejecutivo podrá asegurarse de que los proveedores cobren a tiempo.
¿Y los emprendedores? Junto a la ley de unidad de mercado, una de los proyectos más esperados y prometidos por Rajoy desde antes de llegar al Gobierno es el plan para emprendedores. El Ejecutivo ha prometido lanzarlo este trimestre.
Varios son los ejes que deben protagonizar esta norma, la bonificación fiscal de la actividad de los nuevos empresarios, el fomento de inversores individuales en emprendimiento, capital riesgo y la creación de un mercado alternativo de renta fija. También se buscará la eliminación de las trabas administrativas y la reducción de la morosidad en sus operaciones comerciales.
La Ley de Emprendedores debe incluir también el apoyo de internacionalización de su actividad. De hecho, también consta, debe aprobarse hasta marzo la Agencia de Internacionalización (Secex) para unir las herramientas de todos los organismos públicos de apoyo a la empresa en el exterior y facilitar las exportaciones y captación de inversión extranjera.
Durante los últimos meses, tanto éstas como otras medidas para apoyar fiscalmente a los empresarios se han visto impedidas por el freno del Ministerio de Hacienda, liderado por Cristóbal Montoro, para que no fueran en detrimento del capítulo de ingresos de las arcas públicas.
Algunas de las medidas que deben impulsarse, como la unificación de mercado o la liberalización de los servicios profesionales no deben repercutir negativamente en las finanzas públicas, más bien todo lo contrario. Otras reformas ayudarán a ahorrar: el superregulador que el Gobierno tenía previsto aprobar en 2012: la llamada Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, uniendo en un ente CNC, CNE y CMT.
El Ministerio de Fomento, que lidera Ana Pastor, también tiene deberes pendientes, aunque con un plazo mayor, hasta el 31 de julio. Se trata de la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, con lo que se dará entrada a concesionar el uso de las infraestructuras. Además Renfe deberá dividirse en cuatro sociedades. También aquí encontrará las reticencias de los sindicatos.
Otra de las normas que debe ver la luz definitivamente no ayudará directamente a la reactivación económica, pero ahora es más necesaria que nunca, tras los escándalos de corrupción que azotan la península: la Ley de Transparencia es necesaria para poner fin de una vez a la opacidad en la gestión pública.
Medidas inminentes en la agenda del Ejecutivo
Unidad de mercado La Ley de Garantía de la Unidad de mercado tiene como objetivo terminar con las trabas de las 17 regulaciones. La figura de la licencia de origen permitirá que a una empresa le baste con el permiso de actividad de la comunidad autónoma donde tiene su sede jurídica para operar en todo el territorio español. Las administraciones deberán además, para cada nueva norma que hagan, incluir una memoria que evalúe su posible impacto en la unidad de mercado. Junto a ésta debe llevarse a cabo la ley de servicios profesionales, que liberalice en buena medida la colegiación. Ambas normas no han visto todavía la luz.
Administración local "Lo que aprobaremos en la nueva ley es que aquellas entidades que no sean capaces de rendir cuentas, no tienen que existir". Así resumió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno. La ley deberá crear mayor transparencia en las cuentas públicas de los ayuntamientos y poner coto a sus niveles de endeudamiento y gasto. Se quieren evitar "duplicidades" eliminando las competencias impropias que mantienen los entes locales con las comunidades autónomas y el Estado, y promover la fusión e integración de algunos de los servicios que se prestan.
Ley de Emprendedores La Ley de Emprendedores es una de las promesas electorales de Mariano Rajoy ante las elecciones generales de 2011, pero hasta ahora no se ha plasmado en un proyecto de ley. El texto pretende crear bonificaciones fiscales para los empresarios que inician nuevos proyectos y que obtengan ventajas en la contratación de empleados. El Plan de emprendedores prevé dar facilidades a la exportación e internacionalización de las nuevas empresas. Las dificultades de la hacienda pública han obstaculizado que se tomaran estas medidas. El calendario de Guindos prevé lanzar este plan en el trimestre actual.
Autoridad fiscal El plan de reformas busca mejorar la competitividad de la economía española, pero también controlar el déficit público de las administraciones. La autoridad fiscal independiente vertebrará esta política, y será la encargada de supervisar la elaboración de los presupuestos de las administraciones, así como su aplicación y ejecución. Es un ente muy esperado por Bruselas. Esta entidad se ocupará de que se aplique la ley de estabilidad presupuestaria en las administraciones territoriales. Está por ver hasta qué punto será capaz de aplicar las sanciones correspondientes a las instituciones incumplidoras.
Superregulador Otro de los grandes proyectos del Gobierno es la creación de un superregulador. Iba a suponer, a priori, la fusión entre la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), y otras entidades. Sin embargo, el proyecto no ha sido muy bien visto ni en España ni en Europa, por lo que finalmente la fusión puede no ser tal. El proyecto original fue presentado a principios de 2012 por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pero todavía no ha terminado de coger forma.
Liberalización de trenes El ministerio de Fomento también tiene deberes pendientes. Aunque con un plazo mayor (31 de julio de 2013). Una de las reformas es la apertura a la iniciativa privada del uso de las vías ferroviarias en España, dando la posibilidad a la entrada de capital privado en Renfe, la sociedad pública que podría dividirse en cuatro entidades diferentes: Mercancías, Fabricación y Mantenimiento, Viajeros y Operaciones de Arrendamiento y Material Rodante. Adif iniciaría un proceso de racionalización de las vías y las infraestructuras públicas, liberalizando el transporte ferroviario de viajeros.
