Divendres, 14 de novembre de 2014
Noticias generales
La saturación judicial bloquea 8.019 pleitos laborales
Ultima Hora, 14 de noviembre de 2014
Según indica la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los seis Juzgados de lo Social de Balears (cuatro en Mallorca, uno en Maó y uno en Eivissa) acumulan 8.019 asuntos relacionados con conflictos laborales sin resolver entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014.
Según indica la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los seis Juzgados de lo Social de Balears (cuatro en Mallorca, uno en Maó y uno en Eivissa) acumulan 8.019 asuntos relacionados con conflictos laborales sin resolver entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014.
Los jueces de esa jurisdicción iniciaron este año con 9.797 pleitos sobre sus mesas, y pese a que nueve meses después han rebajado esa cifra, «la saturación es creciente», según explicó este jueves el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Balears, José Javier Bonet.
De los 8.019 asuntos pendientes de sentencia, 1.858 corresponden a pleitos por despidos y 3.514 por reclamación de cantidades.
Los asuntos que se dirimen en los Juzgados de lo Social son conflictos colectivos, despidos, reclamación de cantidades, seguridad social, accidentes de trabajo y prevención de riesgos laborales, procesos de impugnación de actos administrativos, material laboral, derechos fundamentales y libertades públicas.
Los jueces de esa jurisdicción iniciaron este año con 9.797 pleitos sobre sus mesas, y pese a que nueve meses después han rebajado esa cifra, «la saturación es creciente», según explicó este jueves el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Balears, José Javier Bonet.
De los 8.019 asuntos pendientes de sentencia, 1.858 corresponden a pleitos por despidos y 3.514 por reclamación de cantidades.
Los asuntos que se dirimen en los Juzgados de lo Social son conflictos colectivos, despidos, reclamación de cantidades, seguridad social, accidentes de trabajo y prevención de riesgos laborales, procesos de impugnación de actos administrativos, material laboral, derechos fundamentales y libertades públicas.
