Dijous, 4 de febrer de 2010
Noticias generales
El Gobierno retira la propuesta de aumentar a 25 años la base de cálculo de la pensión
Expansión, 3 de febrero de 2010
Al Gobierno le han empezado a temblar las piernas, nada más se ha hecho público esta mañana el documento del Plan de Estabilidad que ha enviado a Bruselas, que contenía la reforma de las jubilaciones, y ha enviado por la tarde un documento nuevo.
Publicado el 03-02-2010 , por Expansión.com. Actualizado a las 20:18 horas.
Al Gobierno le han empezado a temblar las piernas, nada más se ha hecho público esta mañana el documento del Plan de Estabilidad que ha enviado a Bruselas, que contenía la reforma de las jubilaciones, y ha enviado por la tarde un documento nuevo.
En este informe final, enviado a las tres de la tarde, ha desaparecido uno de los detalles más interesantes de la propuesta: que el Gobierno quiere elevar en diez años -desde los 15 a los 25 años-, el periodo de cotización que se considera para calcular las pensiones, según consta en la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013 que el Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea, y en la que esta medida se incluye como una de las posibilidades para reducir el gasto público. También se ha suprimido la posibilidad de ampliar de 15 a 17 años el periodo mínimo para tener derecho a una pensión contributiva. El Ejecutivo ha matizado que los cálculos contenidos en el documento enviado hoy a Bruselas son solamente "ejemplos".
En el documento enviado esta mañana, el Gobierno abría la puerta a ampliar el periodo de cálculo de la pensión, desde los 15 años actuales, hasta un total de 25. En la reforma de las pensiones anunciada en el Consejo de Ministros el pasado viernes, el Ejecutivo no especificaba todavía el número de años que propone para el cómputo de las pensiones que hoy sí precisa en el documento que ha remitido a las autoridades europeas.
Además, el informe de esta mañana incluía también otra novedad: el periodo mínimo para recibir una pensión contributiva pasaría a ampliarse dos años (de los 15 actuales a 17 años).
En cambio, en el documento enviado por la tarde desaparecen los detalles y dice lo siguiente: "En el Programa se incluye un apartado final sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo que incorpora una proyección sobre el resultado hipotético de un retraso de la edad de jubilación y del alargamiento del periodo de cómputo de las pensiones. Dado que dicha simulación ha podido interpretarse como una propuesta concreta, se ha eliminado el ejemplo del documento, y así se ha comunicado a la Comisión Europea".
Aunque formalmente la ampliación del periodo de cálculo de la pensión a 25 años no figura como tal, el Ejecutivo sí reconocía que el actual sistema de 15 años perjudicaba a los despedidos al final de su vida laboral, por lo que debían buscarse soluciones a este tema.
Además, a las 16:00 horas de la tarde, una vez enviada la rectificación, en la página web del Ministerio de Economía seguía colgado el documento original, con la idea de los 25 años. Es decir, Bruselas a la vez que Bruselas tenía un documento del Plan de Estabilidad, Economía tenía otro distinto en su web.
Plan de EstabilidadEn el programa de estabilidad 2009-2013 que ha remitido a Bruselas, el Gobierno español calcula que cada año de retraso en la edad legal de jubilación reduciría el gasto en pensiones en un punto del PIB.
Pero, además, explica en su informe, si se ampliara el número mínimo de años cotizados para obtener una pensión, se produciría un ahorro adicional de dos décimas del PIB. Asimismo, asegura que cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Si a esta ecuación se le sumara un incremento en el periodo de cálculo de las pensiones, medida a la que el Ejecutivo parece favorable, el gasto en pensiones se reduciría aún más.
Por tanto, dice el Ejecutivo, si a lo largo de la década de 2020 se elevaran en dos años tanto la edad legal de jubilación, que pasaría así a situarse en 67 años, como el mínimo de años cotizados, y a ello se le añadiera un aumento en diez años del periodo para calcular la pensión, "el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi cuatro puntos del PIB".
Aumentar en 10 años el periodo utilizado para el cálculo de la pensión supondría que se tuvieran en cuenta las aportaciones de los últimos 25 años para fijar la cuantía de la prestación. Según el Ejecutivo, si a estas dos medidas se suma el retraso en dos años de la edad jubilación, el recorte del gasto en pensiones podría alcanzar el 4% del PIB en 2030.
"Si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030. Esto supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad que elabora la Comisión Europea; en concreto, el componente que recoge el gasto asociado al envejecimiento se situaría entre los más bajos de Europa", señala el Gobierno.
Salvados Según el documento, si durante la década de 2020 se eleva en dos años la edad de jubilación, hasta los 67, y se aumenta en diez el periodo de cálculo de las pensiones se podría alcanzar un ahorro en el gasto para pensiones de cuatro puntos del PIB a partir de 2030. El Gobierno considera que con la reforma de las pensiones, unida al resto de medidas que se detallan en el documento y a la estrategia de salida de la crisis, "la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas parece plenamente garantizada".
El Gobierno explica a la Comisión que entre las propuestas que trasladará al Pacto de Toledo está la de que haya una mayor relación entre cotización y prestación, así como más transparencia en los procesos de cotización.
También se compromete a culminar el proceso de integración de los regímenes, una política más eficaz de ayudas familiares, una relación más flexible entre la previsión social complementaria y el sistema público de Seguridad Social. Se abordarán, asimismo, la polémica medida de ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, y otros parámetros como la edad mínima de jubilación, el mínimo de años cotizados para acceder a la pensión o el periodo de cómputo para calcularla, entre otros.
Sostenibilidad El Gobierno considera que el impacto de todas estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento de la población "puede ser muy importante" y concreta que cada año que se retrasa la edad legal de jubilación se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones.
Por tanto, si en la década de 2020 se amplía la edad de jubilación a los 67 años y se aumenta en una década el número de años para calcular la pensión, el recorte del gasto en pensiones podría alcanzar la cifra mencionada de casi cuatro puntos porcentuales sobre el PIB desde 2030. Esto supondría una mejora "sustancial" del indicador de sostenibilidad de la Comisión Europea y el gasto en España asociado al envejecimiento de la población se situaría entre los más bajos de Europa.
"Sólo ejemplos" Duentes de Moncloa han señalado a Europa Press que los cálculos contenidos en el documento enviado hoy a Bruselas son solamente "ejemplos" y el Ejecutivo negó tener una propuesta en este sentido después de conocerse el programa de estabilidad 2009-2013, que se ha remitido a la Comisión Europea.
La ampliación del periodo de cálculo de la pensión no figura en el documento de propuestas para la reforma de la Seguridad Social que presentó el pasado viernes, pero el Ejecutivo sí reconocía que el actual sistema de 15 años perjudicaba a los despedidos al final de su vida laboral, por lo que debían buscarse soluciones a este problema.
De hecho, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, admitió abiertamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes que el Gobierno cree que una de las líneas de actuación de la reforma de pensiones debería ser la de ampliar el periodo de cálculo porque el actual periodo, 15 años, no beneficia a los que se quedan en el paro al final de su vida laboral.
El Pacto de Toledo se pronuncia Ante las continuas informaciones, los portavoces de los grupos políticos de la Comisión del Pacto de Toledo instan al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, a comparecer para explicar la propuesta de reforma de las pensiones.
Así lo acordó por mayoría la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces de esta comisión, que solicitó primero la comparecencia de Corbacho, previsiblemente la semana del 15 de febrero, y posteriormente la de Salgado. Tras estas comparecencias, la Comisión no permanente del Pacto de Toledo también fijó que acudan al Congreso diversas asociaciones de viudedad, así como colectivos de jubilados y discapacitados.
El portavoz del PP en dicha comisión, Tomás Burgos, previó que "en dos o tres sesiones" finalicen todas las comparecencias previstas y que la Comisión del Pacto de Toledo pueda empezar a redactar un documento de recomendaciones para llegar a un acuerdo "en fechas próximas".
Corbacho: "El único documento de referencia" se debatirá en Pacto de Toledo El ministro de Trabajo ha querido salir al paso de la polémica suscitada tras desvelarse que el Gobierno planteara la posibilidad de aumentar de 15 a 25 años la base para calcular la pensión y luego se retractara. Celestino Corbacho, ha asegurado que el "único documento de referencia" para la discusión sobre el futuro de la reforma de las pensiones es el que se debatirá en el Pacto de Toledo.
En unas declaraciones efectuadas en Sevilla, el titular de trabajo ha subrayado que "el tema ha quedado suficientemente clarificado por parte del Ministerio de Economía y Hacienda". Corbacho ha aclarado que, en cualquier caso, la referencia al aumento en una década para el cómputo de las pensiones en la Actualización del Programa de Estabilidad "no estaba incluida como propuesta sino como una hipótesis de costes".
"En ese documento no se habla de fechas ni de porcentajes, sólo de líneas generales", ha recalcado, y ha añadido que, "por ejemplo, en él no se fija un horizonte en la edad de ampliación de jubilación".
Así, el ministro de trabajo ha preferido no anticiparse a la decisión que alcancen los integrantes del pacto, si bien ha manifestado que "puede haber una modificación si la comisión llega a la conclusión de que es buena".
Por otra parte, ha apuntado que ya ha notificado su disposición a comparecer el próximo día 25 ante la Comisión del Pacto de Toledo para explicar la propuesta de reforma de pensiones, una petición formulada hoy por los grupos políticos que integran dicha comisión.
Al Gobierno le han empezado a temblar las piernas, nada más se ha hecho público esta mañana el documento del Plan de Estabilidad que ha enviado a Bruselas, que contenía la reforma de las jubilaciones, y ha enviado por la tarde un documento nuevo.
En este informe final, enviado a las tres de la tarde, ha desaparecido uno de los detalles más interesantes de la propuesta: que el Gobierno quiere elevar en diez años -desde los 15 a los 25 años-, el periodo de cotización que se considera para calcular las pensiones, según consta en la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013 que el Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea, y en la que esta medida se incluye como una de las posibilidades para reducir el gasto público. También se ha suprimido la posibilidad de ampliar de 15 a 17 años el periodo mínimo para tener derecho a una pensión contributiva. El Ejecutivo ha matizado que los cálculos contenidos en el documento enviado hoy a Bruselas son solamente "ejemplos".
En el documento enviado esta mañana, el Gobierno abría la puerta a ampliar el periodo de cálculo de la pensión, desde los 15 años actuales, hasta un total de 25. En la reforma de las pensiones anunciada en el Consejo de Ministros el pasado viernes, el Ejecutivo no especificaba todavía el número de años que propone para el cómputo de las pensiones que hoy sí precisa en el documento que ha remitido a las autoridades europeas.
Además, el informe de esta mañana incluía también otra novedad: el periodo mínimo para recibir una pensión contributiva pasaría a ampliarse dos años (de los 15 actuales a 17 años).
En cambio, en el documento enviado por la tarde desaparecen los detalles y dice lo siguiente: "En el Programa se incluye un apartado final sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo que incorpora una proyección sobre el resultado hipotético de un retraso de la edad de jubilación y del alargamiento del periodo de cómputo de las pensiones. Dado que dicha simulación ha podido interpretarse como una propuesta concreta, se ha eliminado el ejemplo del documento, y así se ha comunicado a la Comisión Europea".
Aunque formalmente la ampliación del periodo de cálculo de la pensión a 25 años no figura como tal, el Ejecutivo sí reconocía que el actual sistema de 15 años perjudicaba a los despedidos al final de su vida laboral, por lo que debían buscarse soluciones a este tema.
Además, a las 16:00 horas de la tarde, una vez enviada la rectificación, en la página web del Ministerio de Economía seguía colgado el documento original, con la idea de los 25 años. Es decir, Bruselas a la vez que Bruselas tenía un documento del Plan de Estabilidad, Economía tenía otro distinto en su web.
Plan de EstabilidadEn el programa de estabilidad 2009-2013 que ha remitido a Bruselas, el Gobierno español calcula que cada año de retraso en la edad legal de jubilación reduciría el gasto en pensiones en un punto del PIB.
Pero, además, explica en su informe, si se ampliara el número mínimo de años cotizados para obtener una pensión, se produciría un ahorro adicional de dos décimas del PIB. Asimismo, asegura que cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Si a esta ecuación se le sumara un incremento en el periodo de cálculo de las pensiones, medida a la que el Ejecutivo parece favorable, el gasto en pensiones se reduciría aún más.
Por tanto, dice el Ejecutivo, si a lo largo de la década de 2020 se elevaran en dos años tanto la edad legal de jubilación, que pasaría así a situarse en 67 años, como el mínimo de años cotizados, y a ello se le añadiera un aumento en diez años del periodo para calcular la pensión, "el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi cuatro puntos del PIB".
Aumentar en 10 años el periodo utilizado para el cálculo de la pensión supondría que se tuvieran en cuenta las aportaciones de los últimos 25 años para fijar la cuantía de la prestación. Según el Ejecutivo, si a estas dos medidas se suma el retraso en dos años de la edad jubilación, el recorte del gasto en pensiones podría alcanzar el 4% del PIB en 2030.
"Si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030. Esto supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad que elabora la Comisión Europea; en concreto, el componente que recoge el gasto asociado al envejecimiento se situaría entre los más bajos de Europa", señala el Gobierno.
Salvados Según el documento, si durante la década de 2020 se eleva en dos años la edad de jubilación, hasta los 67, y se aumenta en diez el periodo de cálculo de las pensiones se podría alcanzar un ahorro en el gasto para pensiones de cuatro puntos del PIB a partir de 2030. El Gobierno considera que con la reforma de las pensiones, unida al resto de medidas que se detallan en el documento y a la estrategia de salida de la crisis, "la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas parece plenamente garantizada".
El Gobierno explica a la Comisión que entre las propuestas que trasladará al Pacto de Toledo está la de que haya una mayor relación entre cotización y prestación, así como más transparencia en los procesos de cotización.
También se compromete a culminar el proceso de integración de los regímenes, una política más eficaz de ayudas familiares, una relación más flexible entre la previsión social complementaria y el sistema público de Seguridad Social. Se abordarán, asimismo, la polémica medida de ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, y otros parámetros como la edad mínima de jubilación, el mínimo de años cotizados para acceder a la pensión o el periodo de cómputo para calcularla, entre otros.
Sostenibilidad El Gobierno considera que el impacto de todas estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento de la población "puede ser muy importante" y concreta que cada año que se retrasa la edad legal de jubilación se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones.
Por tanto, si en la década de 2020 se amplía la edad de jubilación a los 67 años y se aumenta en una década el número de años para calcular la pensión, el recorte del gasto en pensiones podría alcanzar la cifra mencionada de casi cuatro puntos porcentuales sobre el PIB desde 2030. Esto supondría una mejora "sustancial" del indicador de sostenibilidad de la Comisión Europea y el gasto en España asociado al envejecimiento de la población se situaría entre los más bajos de Europa.
"Sólo ejemplos" Duentes de Moncloa han señalado a Europa Press que los cálculos contenidos en el documento enviado hoy a Bruselas son solamente "ejemplos" y el Ejecutivo negó tener una propuesta en este sentido después de conocerse el programa de estabilidad 2009-2013, que se ha remitido a la Comisión Europea.
La ampliación del periodo de cálculo de la pensión no figura en el documento de propuestas para la reforma de la Seguridad Social que presentó el pasado viernes, pero el Ejecutivo sí reconocía que el actual sistema de 15 años perjudicaba a los despedidos al final de su vida laboral, por lo que debían buscarse soluciones a este problema.
De hecho, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, admitió abiertamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes que el Gobierno cree que una de las líneas de actuación de la reforma de pensiones debería ser la de ampliar el periodo de cálculo porque el actual periodo, 15 años, no beneficia a los que se quedan en el paro al final de su vida laboral.
El Pacto de Toledo se pronuncia Ante las continuas informaciones, los portavoces de los grupos políticos de la Comisión del Pacto de Toledo instan al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, a comparecer para explicar la propuesta de reforma de las pensiones.
Así lo acordó por mayoría la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces de esta comisión, que solicitó primero la comparecencia de Corbacho, previsiblemente la semana del 15 de febrero, y posteriormente la de Salgado. Tras estas comparecencias, la Comisión no permanente del Pacto de Toledo también fijó que acudan al Congreso diversas asociaciones de viudedad, así como colectivos de jubilados y discapacitados.
El portavoz del PP en dicha comisión, Tomás Burgos, previó que "en dos o tres sesiones" finalicen todas las comparecencias previstas y que la Comisión del Pacto de Toledo pueda empezar a redactar un documento de recomendaciones para llegar a un acuerdo "en fechas próximas".
Corbacho: "El único documento de referencia" se debatirá en Pacto de Toledo El ministro de Trabajo ha querido salir al paso de la polémica suscitada tras desvelarse que el Gobierno planteara la posibilidad de aumentar de 15 a 25 años la base para calcular la pensión y luego se retractara. Celestino Corbacho, ha asegurado que el "único documento de referencia" para la discusión sobre el futuro de la reforma de las pensiones es el que se debatirá en el Pacto de Toledo.
En unas declaraciones efectuadas en Sevilla, el titular de trabajo ha subrayado que "el tema ha quedado suficientemente clarificado por parte del Ministerio de Economía y Hacienda". Corbacho ha aclarado que, en cualquier caso, la referencia al aumento en una década para el cómputo de las pensiones en la Actualización del Programa de Estabilidad "no estaba incluida como propuesta sino como una hipótesis de costes".
"En ese documento no se habla de fechas ni de porcentajes, sólo de líneas generales", ha recalcado, y ha añadido que, "por ejemplo, en él no se fija un horizonte en la edad de ampliación de jubilación".
Así, el ministro de trabajo ha preferido no anticiparse a la decisión que alcancen los integrantes del pacto, si bien ha manifestado que "puede haber una modificación si la comisión llega a la conclusión de que es buena".
Por otra parte, ha apuntado que ya ha notificado su disposición a comparecer el próximo día 25 ante la Comisión del Pacto de Toledo para explicar la propuesta de reforma de pensiones, una petición formulada hoy por los grupos políticos que integran dicha comisión.
