Dijous, 17 de juny de 2010
Noticias generales
Zapatero generaliza el contrato de 33 días para todos los colectivos
Cinco Dias, 17 de junio de 2010
Pese a las reticencias iniciales -y las promesas- del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la reforma laboral que el Consejo de Ministros aprobó ayer se centra fundamentalmente en los costes del despido. En la rueda de prensa posterior a su aprobación, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguraba que el objetivo de la norma es precisamente que la rescisión de los contratos "sea la última opción" del empresario. Sin embargo, el núcleo de la reforma está articulado en torno a estos costes y a descargar de ellos al empresario para que opte por la contratación fija.
La reforma laboral de Zapatero. - Cinco Días
17/06/2010
Pese a las reticencias iniciales -y las promesas- del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la reforma laboral que el Consejo de Ministros aprobó ayer se centra fundamentalmente en los costes del despido. En la rueda de prensa posterior a su aprobación, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguraba que el objetivo de la norma es precisamente que la rescisión de los contratos "sea la última opción" del empresario. Sin embargo, el núcleo de la reforma está articulado en torno a estos costes y a descargar de ellos al empresario para que opte por la contratación fija.
En primer lugar, el Gobierno ha decidido generalizar en la práctica el contrato de fomento del empleo, con un despido improcedente que se indemniza a 33 días de salario por año trabajado (con un límite de 24 mensualidades). Su uso se amplía tanto que hace meramente testimonial la existencia del contrato indefinido ordinario, cuyo coste por despido asciende a 45 días de salario (con un máximo de 42 mensualidades). Corbacho lo ilustraba bien ayer. "No podemos universalizar el contrato de 33 días porque no puede haber dos contratos iguales, pero se han reducido las limitaciones para ampliarlo al mayor número de personas posible".
Cuando se creó en 1997, con el consenso de los agentes sociales, el contrato de fomento del empleo indefinido estaba destinado a introducir en el mercado laboral a jóvenes y mujeres. Con el tiempo, sin embargo, el número colectivos que pueden ser empleados con él ha ido aumentando con la única exclusión de los varones con edades comprendidas entre 31 y 44 años, siempre y cuando no llevaran más de seis meses en el paro. El borrador de reforma que el Gobierno remitió el viernes a sindicatos y patronal ya rebajaba esta excepción a quienes llevaran tres meses en el paro. Manteniendo esta premisa, el decreto aprobado ayer también permite contratar a los varones de dicha franja que se queden sin empleo tras pasar por un contrato indefinido. Es decir, que a efectos prácticos, cualquier persona podrá acogerse al contrato de 33 días, como mucho teniendo que esperar tres meses en la cola del Inem.
Despido exprés
El contrato de fomento del empleo tiene asociado un coste de 45 días en caso de un despido por causas disciplinarias que sea declarado improcedente. Es el llamado despido exprés, que el Ejecutivo de José María Aznar aprobó en 2002, y que permite al empresario rescindir el contrato en 48 horas sin tutela judicial pagando la indemnización máxima. Se utiliza en el 80% de los casos. La nueva reforma facilita, y agiliza, que el empresario se acoja al de 33 días. En concreto, da la posibilidad al empresario de reconocer la improcedencia de un despido por causas objetivas, con un preaviso de sólo dos semanas (en lugar del mes que se establecía antes).
La gran modificación del mercado de trabajo que se deriva, sin embargo, de la reforma aprobada ayer, está por venir. El Estado creará un fondo individual para los trabajadores, alimentado con cotizaciones empresariales, al que el empleado podrá acceder si ve rescindido su contrato, para potenciar su movilidad laboral o para mejorar su formación. El montante sobrante, además, pasará a manos de su dueño en el momento de su jubilación. Se trata del llamado modelo austriaco. Éste deberá estar operativo el 1 de enero de 2012. Aunque la idea fue puesta sobre la mesa por los sindicatos, adoptada por el Gobierno, y bien vista por la patronal, el fracaso de las negociaciones del diálogo social ha hecho que el Gobierno haga recaer su creación en el Congreso. El Consejo de Ministros se dio un mandato ayer para dar salida "en el plazo de un año" a un proyecto de ley que articule el fondo, lo que permitirá a otros grupos participar en su modificación en la tramitación parlamentaria. Los agentes sociales "serán consultados", pero su aportación al ejemplo vienés no irá más allá.
Hasta entonces, y de forma meramente temporal, el Gobierno ha decidido que el Fondo de Garantía Salarial cubra 8 días del coste que paguen los empresarios si despiden a los nuevos trabajadores indefinidos que contraten a partir de ahora. La condición, no obstante, es que mantengan a sus empleados un mínimo de 12 meses en plantilla. A partir de ahí, los 3.900 millones de euros de superávit del Fogasa sufragarán 8 días de salario tanto si el despido es procedente (de 20 días que recibe el trabajador, el empresario paga 12) o improcedente. En este último caso, la subvención funcionará tanto para el contrato de fomento del empleo (de 33 días el patrón cubre 25) como para el indefinido ordinario (de los 45 días, se pagan 37). Se trata de la solución salomónica con la que Zapatero trató de tentar a sindicatos y patronal en la última jornada (nocturna) de negociación de la reforma. Falta por ver si serán éstas, u otras, las medidas que vertebren el mercado laboral español en el futuro. A la ansiada reforma laboral, aún le espera su tramitación parlamentaria y la huelga general que CC OO y UGT han convocado en su contra el 29 de septiembre.
Trabajo permite el despido a 20 días en "situación económica negativa"
La reforma laboral que el Gobierno aprobó ayer acentúa la ambigüedad de los supuestos que permiten aplicar el despido objetivo, indemnizado con 20 días. Aceptarlo dependerá de lo que el juez entienda por "una situación económica negativa". La negociación de este punto será la gran moneda de cambio con la que cuente el Ejecutivo para lograr que el resto de partidos políticos permitan la aprobación del proyecto de ley. · Vídeo
Juande Portillo - Madrid - 17/06/2010
El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma laboral que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a sacar adelante en diciembre y que ha ido ganando calado ante la presión de los mercados y de la UE. Meses después, y con el fracaso del diálogo social a cuestas, el Ejecutivo ha articulado un decreto que a los sindicatos les parece "lesivo para los derechos de los trabajadores" y a la patronal "insuficiente para los intereses empresariales". La reforma, que según el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, debe servir para cimentar el futuro laboral del país "durante las próximas décadas", no tiene asegurada ni siquiera su validación en el Congreso de los Diputados, donde se someterá a votación el próximo martes.
Corbacho ha mantenido reuniones con los distintos grupos políticos durante la última semana y agregado algunas de sus propuestas al texto del decreto con el objetivo de ganarse así su voto favorable, o al menos su abstención, en la convalidación de la norma. Todo un juego de equilibrios ante el complicado ejercicio de aritmética parlamentaria que se le presenta a un Gobierno cuya última votación de calado -la del plan de recorte de déficit- salvó por un escaño a favor.
Sin embargo, pese a las modificaciones que el decreto presenta respecto al borrador de reforma laboral que el Ejecutivo remitió a los agentes sociales el pasado viernes, Trabajo ha optado por no definir el punto más polémico de toda la ley: la aplicación del despido de 20 días. La semana pasado, Corbacho puso un ejemplo de los que se manejaron en la negociación del diálogo social: permitir el despido más barato "a las empresas que demuestren seis meses consecutivos de pérdidas". Lejos de tamaña concreción -que en la práctica permitiría aplicarlo a casi cualquier empresa- el Gobierno ha dado un paso atrás sobre el ya ambiguo articulado que presentó el viernes, en el que hablaba de facilitar el despido objetivo ante "pérdidas económicas" que no fueran "coyunturales".
La reforma laboral que se aprobó ayer modifica el Estatuto de los Trabajadores, hasta dejarlo así: "concurrirán causas económicas del despido cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa". Para ello, "las empresas tendrán que acreditar los resultados y justificar que de los mismos se deduzca mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva". Una mención tan abierta que deja en manos del juez considerar si una caída de beneficios que no incurra en pérdidas, corresponde o no a la nueva ley. El Gobierno pretende valerse de este apartado para negociar la tramitación de la reforma, obligando al resto de grupos a retratarse redactando enmiendas si buscan concretar las causas del despido.
17/06/2010
Pese a las reticencias iniciales -y las promesas- del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la reforma laboral que el Consejo de Ministros aprobó ayer se centra fundamentalmente en los costes del despido. En la rueda de prensa posterior a su aprobación, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguraba que el objetivo de la norma es precisamente que la rescisión de los contratos "sea la última opción" del empresario. Sin embargo, el núcleo de la reforma está articulado en torno a estos costes y a descargar de ellos al empresario para que opte por la contratación fija.
En primer lugar, el Gobierno ha decidido generalizar en la práctica el contrato de fomento del empleo, con un despido improcedente que se indemniza a 33 días de salario por año trabajado (con un límite de 24 mensualidades). Su uso se amplía tanto que hace meramente testimonial la existencia del contrato indefinido ordinario, cuyo coste por despido asciende a 45 días de salario (con un máximo de 42 mensualidades). Corbacho lo ilustraba bien ayer. "No podemos universalizar el contrato de 33 días porque no puede haber dos contratos iguales, pero se han reducido las limitaciones para ampliarlo al mayor número de personas posible".
Cuando se creó en 1997, con el consenso de los agentes sociales, el contrato de fomento del empleo indefinido estaba destinado a introducir en el mercado laboral a jóvenes y mujeres. Con el tiempo, sin embargo, el número colectivos que pueden ser empleados con él ha ido aumentando con la única exclusión de los varones con edades comprendidas entre 31 y 44 años, siempre y cuando no llevaran más de seis meses en el paro. El borrador de reforma que el Gobierno remitió el viernes a sindicatos y patronal ya rebajaba esta excepción a quienes llevaran tres meses en el paro. Manteniendo esta premisa, el decreto aprobado ayer también permite contratar a los varones de dicha franja que se queden sin empleo tras pasar por un contrato indefinido. Es decir, que a efectos prácticos, cualquier persona podrá acogerse al contrato de 33 días, como mucho teniendo que esperar tres meses en la cola del Inem.
Despido exprés
El contrato de fomento del empleo tiene asociado un coste de 45 días en caso de un despido por causas disciplinarias que sea declarado improcedente. Es el llamado despido exprés, que el Ejecutivo de José María Aznar aprobó en 2002, y que permite al empresario rescindir el contrato en 48 horas sin tutela judicial pagando la indemnización máxima. Se utiliza en el 80% de los casos. La nueva reforma facilita, y agiliza, que el empresario se acoja al de 33 días. En concreto, da la posibilidad al empresario de reconocer la improcedencia de un despido por causas objetivas, con un preaviso de sólo dos semanas (en lugar del mes que se establecía antes).
La gran modificación del mercado de trabajo que se deriva, sin embargo, de la reforma aprobada ayer, está por venir. El Estado creará un fondo individual para los trabajadores, alimentado con cotizaciones empresariales, al que el empleado podrá acceder si ve rescindido su contrato, para potenciar su movilidad laboral o para mejorar su formación. El montante sobrante, además, pasará a manos de su dueño en el momento de su jubilación. Se trata del llamado modelo austriaco. Éste deberá estar operativo el 1 de enero de 2012. Aunque la idea fue puesta sobre la mesa por los sindicatos, adoptada por el Gobierno, y bien vista por la patronal, el fracaso de las negociaciones del diálogo social ha hecho que el Gobierno haga recaer su creación en el Congreso. El Consejo de Ministros se dio un mandato ayer para dar salida "en el plazo de un año" a un proyecto de ley que articule el fondo, lo que permitirá a otros grupos participar en su modificación en la tramitación parlamentaria. Los agentes sociales "serán consultados", pero su aportación al ejemplo vienés no irá más allá.
Hasta entonces, y de forma meramente temporal, el Gobierno ha decidido que el Fondo de Garantía Salarial cubra 8 días del coste que paguen los empresarios si despiden a los nuevos trabajadores indefinidos que contraten a partir de ahora. La condición, no obstante, es que mantengan a sus empleados un mínimo de 12 meses en plantilla. A partir de ahí, los 3.900 millones de euros de superávit del Fogasa sufragarán 8 días de salario tanto si el despido es procedente (de 20 días que recibe el trabajador, el empresario paga 12) o improcedente. En este último caso, la subvención funcionará tanto para el contrato de fomento del empleo (de 33 días el patrón cubre 25) como para el indefinido ordinario (de los 45 días, se pagan 37). Se trata de la solución salomónica con la que Zapatero trató de tentar a sindicatos y patronal en la última jornada (nocturna) de negociación de la reforma. Falta por ver si serán éstas, u otras, las medidas que vertebren el mercado laboral español en el futuro. A la ansiada reforma laboral, aún le espera su tramitación parlamentaria y la huelga general que CC OO y UGT han convocado en su contra el 29 de septiembre.
Trabajo permite el despido a 20 días en "situación económica negativa"
La reforma laboral que el Gobierno aprobó ayer acentúa la ambigüedad de los supuestos que permiten aplicar el despido objetivo, indemnizado con 20 días. Aceptarlo dependerá de lo que el juez entienda por "una situación económica negativa". La negociación de este punto será la gran moneda de cambio con la que cuente el Ejecutivo para lograr que el resto de partidos políticos permitan la aprobación del proyecto de ley. · Vídeo
Juande Portillo - Madrid - 17/06/2010
El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma laboral que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a sacar adelante en diciembre y que ha ido ganando calado ante la presión de los mercados y de la UE. Meses después, y con el fracaso del diálogo social a cuestas, el Ejecutivo ha articulado un decreto que a los sindicatos les parece "lesivo para los derechos de los trabajadores" y a la patronal "insuficiente para los intereses empresariales". La reforma, que según el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, debe servir para cimentar el futuro laboral del país "durante las próximas décadas", no tiene asegurada ni siquiera su validación en el Congreso de los Diputados, donde se someterá a votación el próximo martes.
Corbacho ha mantenido reuniones con los distintos grupos políticos durante la última semana y agregado algunas de sus propuestas al texto del decreto con el objetivo de ganarse así su voto favorable, o al menos su abstención, en la convalidación de la norma. Todo un juego de equilibrios ante el complicado ejercicio de aritmética parlamentaria que se le presenta a un Gobierno cuya última votación de calado -la del plan de recorte de déficit- salvó por un escaño a favor.
Sin embargo, pese a las modificaciones que el decreto presenta respecto al borrador de reforma laboral que el Ejecutivo remitió a los agentes sociales el pasado viernes, Trabajo ha optado por no definir el punto más polémico de toda la ley: la aplicación del despido de 20 días. La semana pasado, Corbacho puso un ejemplo de los que se manejaron en la negociación del diálogo social: permitir el despido más barato "a las empresas que demuestren seis meses consecutivos de pérdidas". Lejos de tamaña concreción -que en la práctica permitiría aplicarlo a casi cualquier empresa- el Gobierno ha dado un paso atrás sobre el ya ambiguo articulado que presentó el viernes, en el que hablaba de facilitar el despido objetivo ante "pérdidas económicas" que no fueran "coyunturales".
La reforma laboral que se aprobó ayer modifica el Estatuto de los Trabajadores, hasta dejarlo así: "concurrirán causas económicas del despido cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa". Para ello, "las empresas tendrán que acreditar los resultados y justificar que de los mismos se deduzca mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva". Una mención tan abierta que deja en manos del juez considerar si una caída de beneficios que no incurra en pérdidas, corresponde o no a la nueva ley. El Gobierno pretende valerse de este apartado para negociar la tramitación de la reforma, obligando al resto de grupos a retratarse redactando enmiendas si buscan concretar las causas del despido.
