Dimarts, 29 de juny de 2010
Noticias generales
“Fogasa protege los créditos de los trabajadores ante los empresarios insolventes”
Palma, 29 de junio de 2010
Remedios Roqueta y Francisco Pérez de los Cobos analizan la función del Fogasa ante la crisis económica y la reforma de la intermediación laboral
Eric Monreal, antes de entrar en materia, advirtió a los asistentes de que las valoraciones que se versasen en estas conferencias sobre la reforma laboral “eran muy superficiales” ya que el texto de la reforma se ha publicado el mismo día de este acto. “Las opiniones se basan sobre el acceso que hemos tenido a los borradores de la mencionada reforma laboral”, declaró este profesor.
Remedios Roqueta fue muy clara a la hora de valorar la reforma, aunque dijo que hay que ser cautos ya que “acaba de salir del horno”. “Tengo la costumbre de a la hora de valorar cualquier tema tenerlo muy estudiado. No es el caso actual ya que la reforma laboral acaba de salir. No obstante, considero que técnicamente es muy defectuosa. Los pilares son flojos y creo que se ha hecho de forma muy precipitada. No me gusta, espero que mejore”, señaló en tono tajante.
Seguidamente esta catedrática versó sobre la función del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), tan de actualidad cuando hay una crisis económica. “Fogasa es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración, de carácter administrativo, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores”, dijo como entradilla, y puso especial relieve a su financiación: “Las aportaciones que recibe el Fogasa son de los empresarios. Esto hay que subrayarlo”. Roqueta reconoció que Fogasa está ahora muy de actualidad debido a la delicada situación económica por la que atraviesa España. “La crisis nos ha llevado a la primera actualidad ya que este órgano busca el mantenimiento del empleo, la consolidación laboral y paliar la insolvencia de la empresa. Fogasa protege los créditos de los trabajadores ante los empresarios insolventes”, señaló, y añadió: “La reforma tiene un objetivo claro, el abaratamiento del despido. Se generaliza una indemnización de 33 días en vez de los 45 vigentes, y para todos los tramos de edad. Fogasa abonará 8 días de esas indemnizaciones para que a los empresarios les resulte más barato. Es decir, los empresarios correctos pagarán a los que no lo sean”.
Esta ponente se hizo eco de la incertidumbre que hay entre los empresarios sobre si se deberán de aumentar las aportaciones de éstos debido a la crisis actual que provoca que muchas empresas se declaren insolventes. “No sé si en un breve espacio de tiempo los empresarios deberán de aumentar sus contribuciones como tampoco si habrá suficiente dinero para repartir. Sabemos que había en 2006 un fondo considerable pero es cierto que en los últimos años han aumentado las empresas con problemas económicos”, indicó.
Remedios Roqueta dijo que la solicitud se puede presentar en cualquier momento, siempre y cuando la empresa se haya declarado en situación de concurso. “Los trabajadores ya podrán ir a Fogasa a cobrar una vez haya salido la lista provisional de acreedores. Esto facilita la rapidez del cobro”, subrayó.
En cuanto a cuál es el plazo de la solicitud, Roqueta manifestó: “Un año contado desde la fecha del acta de conciliación, sentencia, resolución de la autoridad laboral o resolución judicial complementaria. Dicho plazo se interrumpirá por el ejercicio de las acciones ejecutivas o de reconocimiento de los créditos en el procedimiento concursal, así como por las demás formas admitidas en Derecho”. Esta experta laboral dijo que las solicitudes se presentarán de la siguiente manera: “Si el procedimiento se iniciase a instancia de los interesados, la solicitud debidamente formalizada se presentará en la Unidad Administrativa del Fondo de Garantía Salarial de cada provincia o en cualquier otro órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, o la de cualquier administración de las Comunidades Autónomas, así como a través de las Oficinas de Correos en sobre abierto dirigido a la Unidad Administrativa del Fondo de Garantía Salarial de la provincia donde estuviese situado el centro de trabajo. En el caso de trabajadores que la cursaran en el extranjero, podrán hacerlo en la representación diplomática o consular española”. Por último, Remedios Roqueta explicó cómo se paga la prestación. “Una vez intervenido y resuelto el expediente, se cursa la orden de pago a la entidad financiera colaboradora, quién a su vez cursa las órdenes de transferencia a las entidades bancarias que constan en las solicitudes de las personas beneficiarias. La notificación se efectuara, una vez resuelto el expediente administrativo, directamente desde la Secretaria General del Organismo al domicilio que conste en la solicitud. Contra la Resolución administrativa cabe interponer demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo de un año a partir de la notificación”, concluyó.
Por su parte, Francisco Pérez de los Cobos se refirió de manera muy detallada sobre la reforma de la intermediación laboral. “Agradezco la invitación por la que estoy aquí. Sobre la intermediación laboral les diré que es una concurrencia de actores públicos y privados. Los servicios públicos de intermediación no generan confianza en los empresarios. Si un parado aspira a encontrar trabajo lo tiene francamente mal por los datos cuantitativos”, señaló.
Pérez de los Cobos basó su ponencia con datos estadísticos: “El servicio público no es beneficioso para los mayores de 45 años ni para los que tienen pocos estudios. No sólo colocan poco, sino que no lo hacen con el colectivo de personas que más lo necesita”.
