Dijous, 28 d'abril de 2011
Noticias generales
Reducir trabas a la actividad empresarial
Expansión, 27 de abril de 2011
La clave para mantener y crear puestos de trabajo está en las medianas y, sobre todo, las pequeñas empresas, se comentaba en esta columna hace dos semanas. Veíamos entonces cómo la morosidad de las Administraciones Públicas contribuye e, incluso, fomenta la pérdida de empleo.
27.04.2011 Carles M. Canals 0
La clave para mantener y crear puestos de trabajo está en las medianas y, sobre todo, las pequeñas empresas, se comentaba en esta columna hace dos semanas. Veíamos entonces cómo la morosidad de las Administraciones Públicas contribuye e, incluso, fomenta la pérdida de empleo.
Pero pagar tarde y mal es sólo una de las maneras con que maltrata a las empresas el aparato del Estado. No me refiero sólo a la actividad del poder ejecutivo. También a los parlamentos central y autonómicos y en los plenos municipales, que con frecuencia aprueban leyes y reglamentos que perjudican seriamente la actividad empresarial.
Ya se ve que será muy difícil que Gobierno e interlocutores sociales se pongan de acuerdo en lo que es el mayor clamor del empresariado: lograr uno o varios tipos de contrato que no penalicen el despido, al menos, para los nuevos contratos. Así las cosas, me parece que valdría la pena introducir un montón de pequeñas reformas que eliminen o, al menos, reduzcan algunas las actuales trabas a la actividad empresarial.
En las últimas décadas, en España, sin duda con la mejor voluntad, se han aprobado muchísimas leyes y disposiciones que restan competitividad a las empresas. En unos casos, porque su aplicación supone para la empresa invertir un dinero que difícilmente recuperará. En otros, porque implica dedicar un tiempo y unas energías que deberían emplearse en producir mejor, prestar al cliente una atención más esmerada, tratar de llegar a nuevos clientes y desembarcar en nuevos mercados…
Tengo para mí que, antes de adoptar cualquier norma o reglamento, legisladores y gobernantes de cualquier nivel deberían preguntarse: esta medida, ¿de qué manera beneficiará o perjudicará al mantenimiento y creación de puestos de trabajo por parte de las pymes? Hasta ahora, no se ha hecho así.
Uno tiene la sospecha de que, intentando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y del entorno, se ha incurrido en una actitud fundamentalista en la manera concreta en que se han plasmado esos buenos propósitos.
Me refiero a disposiciones relativas a salud, ahorro energético, seguridad, prevención de riesgos y medio ambiente, incluyendo la contaminación acústica y lumínica.
Me parece muy bien que se tomen medidas para reducir el consumo de tabaco. Pero es un despropósito aprobar en su día una ley que exigía a bares y restaurantes unas costosas reformas del local para crear zonas de fumadores, y prohibirlas poco después, en muchos casos, antes de que el empresario haya podido recuperar el gasto en el que incurrió.
En el tabaco, como en algunos aspectos de las normas de seguridad en el trabajo, el legislador ha atribuido al empresario la labor de policía. Si un empleado, cliente o visitante incumple las disposiciones, en principio la multa la paga la empresa. Se obliga a los bares a instalar en las máquinas de tabaco un artilugio que un empleado ha de activar sólo después de comprobar que el candidato a comprador es mayor de edad.
Algunas disposiciones sobre el medio ambiente y la seguridad producen situaciones alucinantes. Un ejemplo real. Un empresario compra una nave en un polígono industrial. Al instalarse, descubre que ha de pasar varias inspecciones: energía, medio ambiente, medidas contraincendios. De nada le sirve argumentar que, si se instaló allí, era precisamente porque ese local ya fue aprobado en su día por el ayuntamiento.
Resulta que la capa de pintura antifuegos de las escaleras no tenía el grosor suficiente. Hubo que cambiar la instalación eléctrica para extender el sistema de alarmas acústicas. Todo pagado por la empresa. La farola del párking del polígono que está frente a su nave (que ya estaba allí cuando él accedió al local) producía excesiva contaminación lumínica... Además, los sucesivos inspectores iban cambiando de criterio. Entre éstas y otras quisquillosidades, han pasado tres años y aún no ha logrado los permisos.
La clave para mantener y crear puestos de trabajo está en las medianas y, sobre todo, las pequeñas empresas, se comentaba en esta columna hace dos semanas. Veíamos entonces cómo la morosidad de las Administraciones Públicas contribuye e, incluso, fomenta la pérdida de empleo.
Pero pagar tarde y mal es sólo una de las maneras con que maltrata a las empresas el aparato del Estado. No me refiero sólo a la actividad del poder ejecutivo. También a los parlamentos central y autonómicos y en los plenos municipales, que con frecuencia aprueban leyes y reglamentos que perjudican seriamente la actividad empresarial.
Ya se ve que será muy difícil que Gobierno e interlocutores sociales se pongan de acuerdo en lo que es el mayor clamor del empresariado: lograr uno o varios tipos de contrato que no penalicen el despido, al menos, para los nuevos contratos. Así las cosas, me parece que valdría la pena introducir un montón de pequeñas reformas que eliminen o, al menos, reduzcan algunas las actuales trabas a la actividad empresarial.
En las últimas décadas, en España, sin duda con la mejor voluntad, se han aprobado muchísimas leyes y disposiciones que restan competitividad a las empresas. En unos casos, porque su aplicación supone para la empresa invertir un dinero que difícilmente recuperará. En otros, porque implica dedicar un tiempo y unas energías que deberían emplearse en producir mejor, prestar al cliente una atención más esmerada, tratar de llegar a nuevos clientes y desembarcar en nuevos mercados…
Tengo para mí que, antes de adoptar cualquier norma o reglamento, legisladores y gobernantes de cualquier nivel deberían preguntarse: esta medida, ¿de qué manera beneficiará o perjudicará al mantenimiento y creación de puestos de trabajo por parte de las pymes? Hasta ahora, no se ha hecho así.
Uno tiene la sospecha de que, intentando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y del entorno, se ha incurrido en una actitud fundamentalista en la manera concreta en que se han plasmado esos buenos propósitos.
Me refiero a disposiciones relativas a salud, ahorro energético, seguridad, prevención de riesgos y medio ambiente, incluyendo la contaminación acústica y lumínica.
Me parece muy bien que se tomen medidas para reducir el consumo de tabaco. Pero es un despropósito aprobar en su día una ley que exigía a bares y restaurantes unas costosas reformas del local para crear zonas de fumadores, y prohibirlas poco después, en muchos casos, antes de que el empresario haya podido recuperar el gasto en el que incurrió.
En el tabaco, como en algunos aspectos de las normas de seguridad en el trabajo, el legislador ha atribuido al empresario la labor de policía. Si un empleado, cliente o visitante incumple las disposiciones, en principio la multa la paga la empresa. Se obliga a los bares a instalar en las máquinas de tabaco un artilugio que un empleado ha de activar sólo después de comprobar que el candidato a comprador es mayor de edad.
Algunas disposiciones sobre el medio ambiente y la seguridad producen situaciones alucinantes. Un ejemplo real. Un empresario compra una nave en un polígono industrial. Al instalarse, descubre que ha de pasar varias inspecciones: energía, medio ambiente, medidas contraincendios. De nada le sirve argumentar que, si se instaló allí, era precisamente porque ese local ya fue aprobado en su día por el ayuntamiento.
Resulta que la capa de pintura antifuegos de las escaleras no tenía el grosor suficiente. Hubo que cambiar la instalación eléctrica para extender el sistema de alarmas acústicas. Todo pagado por la empresa. La farola del párking del polígono que está frente a su nave (que ya estaba allí cuando él accedió al local) producía excesiva contaminación lumínica... Además, los sucesivos inspectores iban cambiando de criterio. Entre éstas y otras quisquillosidades, han pasado tres años y aún no ha logrado los permisos.
