Divendres, 29 d'abril de 2011
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Cotizaciones sociales: A los trabajadores que afloren de la economía sumergida no se les reconocerá la antigüedad
Expansión, 29 de abril de 2011
El Gobierno da tres meses a empresas y trabajadores para aflorar de la economía sumergida. Eso sí, los derechos que se adquieran no tendrán carácter retroactivo y a partir del 31 de julio se endurecerán las multas para aquellos que mantengan una situación irregular.
29.04.2011 B.A./M.G.M.
El Gobierno da tres meses a empresas y trabajadores para aflorar de la economía sumergida. Eso sí, los derechos que se adquieran no tendrán carácter retroactivo y a partir del 31 de julio se endurecerán las multas para aquellos que mantengan una situación irregular.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un plan que persigue la regularización y el control del empleo sumergido. "Es una medida relativamente sencilla. Se trata de que hasta el 31 de julio se mantendrán las actuales penalizaciones para trabajadores y empresarios en caso de empleo irregular pero después se endurecerán", ha explicado el ministro de trabajo, Valeriano Gómez.
"Se trata en una medida más pensada para recuperar en el futuro más trabajadores que cotizan y más empresas con el conjunto de su contratación emergidas", ha explicado Gómez.
"No miramos al pasado pero no habrá amnistía porque los derechos se reconocerán sólo a partir de que el trabajador sea dado de alta", añade el ministro. Eso sí, los trabajadores "no tendrán que pagar nada del pasado", ha matizado.
La novedad de este anuncio es que los derechos que adquieran los trabajadores que afloren de la economía sumergida no tendrán carácter retroactivo como se había dicho hasta ahora. En el primer borrador se hablaba de que al trabajador regularizado se le iba a reconocer un año de cotización. Ya en un segundo borrador este periodo se recortó a seis meses y, finalmente, ha quedado en nada.
Esta misma semana, se hablaba de que el Gobierno ha reducido de un año a seis meses el periodo de cotización que se le reconocerá al trabajador cuando su empresa regularice voluntariamente su situación en el marco del plan de empleo sumergido, según el segundo borrador que ha remitido a los agentes sociales.
A partir del 31 de julio las sanciones aumentarán, multiplicándose hasta por cinco en algunos casos. Si una empresa incumple la afiliación y el alta en la Seguridad Social la multa pasará a ser de entre 3.126-10.000 euros, en lugar de la horquilla de 600-6200 euros que vigente actualmente.
En el caso de que se compatibilice el cobro de la prestación de desempleo con otros trabajos las sanciones serán de entre 10.000 y 187.000 euros (desde los 6.251-187.000 euros actuales).
Esta medida llega el mismo día que se ha conocido la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha arrojado una cifra de paro en el primer trimestre cercana a los cinco millones de parados (concretamente, 4.910.200 desempleados). En este sentido, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el paro ha tocado techo. Aunque Gómez, respondiendo a una pregunta sobre el efecto de la reforma laboral, ha admitido que “es muy difícil que cualquier reforma logre crear empleo con tasas de crecimiento del 0,3%”.
Otras medidas Además, el Consejo de Ministros ha aprobado también otras medidas en el ámbito del empleo. Por un lado, se ha firmado el proyecto de ley mediante el que se integra a los trabajadores del régimen agrario en le general, que afecta casi a 900.000 personas. "El objetivo es acercar progresivamente las prestaciones. La pensión media 1.130 euros mensuales en el régimen general mientras que en el agrario es de 580 euros. Se van a equiparar las prestaciones y algunas como el desempleo desde el principio", ha asegurado Gómez.
"Para poder financiar este proceso de equiparación se hará de forma progresiva de 2013 a 2031", ha dicho el titular de Trabajo.
La gran novedad es que a partir de ahora los trabajadores que pertenecían al régimen agrario cotizarán en función de su salario real y no mediante unas tarifas establecidas anualmente como se hacía.
Por otro lado, hoy también se ha aprobado una reforma de la ley de inspección de trabajo y Seguridad Social. "La intención del Gobierno es tratar de mantener una estructura unificada y coherente en materia de inspección de trabajo. El contenido del proyecto pretende la mayor cooperación. El régimen jurídico será común y tenemos la intención de que se construya un consorcio único en el que se integren las comunidades autónomas", ha explicado Gómez.
Además, el Consejo de Ministros ha acordado también el envío a las instituciones europeas del Programa de Estabilidad para 2011 y 2012, según ha anunciado Rubalcaba.
El Gobierno da tres meses a empresas y trabajadores para aflorar de la economía sumergida. Eso sí, los derechos que se adquieran no tendrán carácter retroactivo y a partir del 31 de julio se endurecerán las multas para aquellos que mantengan una situación irregular.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un plan que persigue la regularización y el control del empleo sumergido. "Es una medida relativamente sencilla. Se trata de que hasta el 31 de julio se mantendrán las actuales penalizaciones para trabajadores y empresarios en caso de empleo irregular pero después se endurecerán", ha explicado el ministro de trabajo, Valeriano Gómez.
"Se trata en una medida más pensada para recuperar en el futuro más trabajadores que cotizan y más empresas con el conjunto de su contratación emergidas", ha explicado Gómez.
"No miramos al pasado pero no habrá amnistía porque los derechos se reconocerán sólo a partir de que el trabajador sea dado de alta", añade el ministro. Eso sí, los trabajadores "no tendrán que pagar nada del pasado", ha matizado.
La novedad de este anuncio es que los derechos que adquieran los trabajadores que afloren de la economía sumergida no tendrán carácter retroactivo como se había dicho hasta ahora. En el primer borrador se hablaba de que al trabajador regularizado se le iba a reconocer un año de cotización. Ya en un segundo borrador este periodo se recortó a seis meses y, finalmente, ha quedado en nada.
Esta misma semana, se hablaba de que el Gobierno ha reducido de un año a seis meses el periodo de cotización que se le reconocerá al trabajador cuando su empresa regularice voluntariamente su situación en el marco del plan de empleo sumergido, según el segundo borrador que ha remitido a los agentes sociales.
A partir del 31 de julio las sanciones aumentarán, multiplicándose hasta por cinco en algunos casos. Si una empresa incumple la afiliación y el alta en la Seguridad Social la multa pasará a ser de entre 3.126-10.000 euros, en lugar de la horquilla de 600-6200 euros que vigente actualmente.
En el caso de que se compatibilice el cobro de la prestación de desempleo con otros trabajos las sanciones serán de entre 10.000 y 187.000 euros (desde los 6.251-187.000 euros actuales).
Esta medida llega el mismo día que se ha conocido la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha arrojado una cifra de paro en el primer trimestre cercana a los cinco millones de parados (concretamente, 4.910.200 desempleados). En este sentido, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el paro ha tocado techo. Aunque Gómez, respondiendo a una pregunta sobre el efecto de la reforma laboral, ha admitido que “es muy difícil que cualquier reforma logre crear empleo con tasas de crecimiento del 0,3%”.
Otras medidas Además, el Consejo de Ministros ha aprobado también otras medidas en el ámbito del empleo. Por un lado, se ha firmado el proyecto de ley mediante el que se integra a los trabajadores del régimen agrario en le general, que afecta casi a 900.000 personas. "El objetivo es acercar progresivamente las prestaciones. La pensión media 1.130 euros mensuales en el régimen general mientras que en el agrario es de 580 euros. Se van a equiparar las prestaciones y algunas como el desempleo desde el principio", ha asegurado Gómez.
"Para poder financiar este proceso de equiparación se hará de forma progresiva de 2013 a 2031", ha dicho el titular de Trabajo.
La gran novedad es que a partir de ahora los trabajadores que pertenecían al régimen agrario cotizarán en función de su salario real y no mediante unas tarifas establecidas anualmente como se hacía.
Por otro lado, hoy también se ha aprobado una reforma de la ley de inspección de trabajo y Seguridad Social. "La intención del Gobierno es tratar de mantener una estructura unificada y coherente en materia de inspección de trabajo. El contenido del proyecto pretende la mayor cooperación. El régimen jurídico será común y tenemos la intención de que se construya un consorcio único en el que se integren las comunidades autónomas", ha explicado Gómez.
Además, el Consejo de Ministros ha acordado también el envío a las instituciones europeas del Programa de Estabilidad para 2011 y 2012, según ha anunciado Rubalcaba.
