Viernes, 23 de septiembre de 2011
Noticias generales
La sanidad pública llega a todos los profesionales
Cinco Dias, 23 de septiembre de 2011
Unas 250.000 personas -entre profesionales autónomos de distintos ámbitos y desempleados que hayan agotado la prestación- tendrán acceso a la cobertura sanitaria pública después de la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de la Ley General de Sanidad Pública. En el caso de los profesionales, afecta a arquitectos, abogados o médicos que tributan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una mutualidad propia de su colectivo.
Reconocimiento sanitario a los psicólogos
B. G. - Madrid - 23/09/2011 - 07:00
Unas 250.000 personas -entre profesionales autónomos de distintos ámbitos y desempleados que hayan agotado la prestación- tendrán acceso a la cobertura sanitaria pública después de la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de la Ley General de Sanidad Pública. En el caso de los profesionales, afecta a arquitectos, abogados o médicos que tributan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una mutualidad propia de su colectivo.
Dado que la Seguridad Social ya no se nutre solo de las cotizaciones de los afiliados sino también de los Presupuestos del Estado, se ha extendido a todos los profesionales que cotizan en regímenes especiales la cobertura sanitaria pública. La fecha de entrada en vigor de estos nuevos derechos para los profesionales se conocerá antes de seis meses, cuando se reglamentará los plazos.
La ministra de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, Leire Pajín, destacó ayer la aprobación de esta ley por "el gran consenso" que ha conseguido entre "políticos y de profesionales". En cuanto a su contenido, resaltó que su universalización que conseguirá dar cobertura a 250.000 personas que hasta ahora no tenían acceso a ella.
"Es absurdo que haya colectivos que no tienen derecho a la sanidad pública cuando están pagando los mismos impuestos", reconoció el presidente de la Comisión de Sanidad del Senado, Josep Maria Esquerda. Durante la tramitación en el Senado se presentaron un total de 126 enmiendas al texto. En la Cámara Alta la ley fue aprobada en el pleno del 14 de septiembre con los votos favorables de todos los grupos, a excepción del PP, que se abstuvo. Ayer, en el pleno del Congreso, el texto recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Nuevas realidades
En líneas generales, el nuevo texto tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible a través de las políticas, programas, servicios, y en general actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud, y así prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva.
Así, la ley asevera que, si bien el actual sistema sanitario es uno de los que gozan de mejores indicadores del mundo, concluye que hay que considerar las nuevas realidades de cara al futuro, y que exigen una anticipación. Tal es el caso del envejecimiento de la población, el aumento de familias monoparentales, el debilitamiento de las redes familiares, el uso de las nuevas tecnologías, el sedentarismo y la inmigración, entre otros factores.
Los actuales servicios sanitarios y sociales, argumenta la ley, solo serán sostenibles si se aseguran a la población los mejores niveles de salud y autonomía con la máxima garantía de igualdad.
B. G. - Madrid - 23/09/2011 - 07:00
Unas 250.000 personas -entre profesionales autónomos de distintos ámbitos y desempleados que hayan agotado la prestación- tendrán acceso a la cobertura sanitaria pública después de la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de la Ley General de Sanidad Pública. En el caso de los profesionales, afecta a arquitectos, abogados o médicos que tributan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una mutualidad propia de su colectivo.
Dado que la Seguridad Social ya no se nutre solo de las cotizaciones de los afiliados sino también de los Presupuestos del Estado, se ha extendido a todos los profesionales que cotizan en regímenes especiales la cobertura sanitaria pública. La fecha de entrada en vigor de estos nuevos derechos para los profesionales se conocerá antes de seis meses, cuando se reglamentará los plazos.
La ministra de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, Leire Pajín, destacó ayer la aprobación de esta ley por "el gran consenso" que ha conseguido entre "políticos y de profesionales". En cuanto a su contenido, resaltó que su universalización que conseguirá dar cobertura a 250.000 personas que hasta ahora no tenían acceso a ella.
"Es absurdo que haya colectivos que no tienen derecho a la sanidad pública cuando están pagando los mismos impuestos", reconoció el presidente de la Comisión de Sanidad del Senado, Josep Maria Esquerda. Durante la tramitación en el Senado se presentaron un total de 126 enmiendas al texto. En la Cámara Alta la ley fue aprobada en el pleno del 14 de septiembre con los votos favorables de todos los grupos, a excepción del PP, que se abstuvo. Ayer, en el pleno del Congreso, el texto recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Nuevas realidades
En líneas generales, el nuevo texto tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible a través de las políticas, programas, servicios, y en general actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud, y así prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva.
Así, la ley asevera que, si bien el actual sistema sanitario es uno de los que gozan de mejores indicadores del mundo, concluye que hay que considerar las nuevas realidades de cara al futuro, y que exigen una anticipación. Tal es el caso del envejecimiento de la población, el aumento de familias monoparentales, el debilitamiento de las redes familiares, el uso de las nuevas tecnologías, el sedentarismo y la inmigración, entre otros factores.
Los actuales servicios sanitarios y sociales, argumenta la ley, solo serán sostenibles si se aseguran a la población los mejores niveles de salud y autonomía con la máxima garantía de igualdad.
