Viernes, 3 de febrero de 2012
Noticias generales
Los Graduados Sociales de Illes Balears denuncian que la saturación en la jurisdicción social provoca pérdidas millonarias y casos dramáticos
Palma, 3 de febrero de 2012
Los casos en los juzgados de lo Social han aumentado porcentualmente más de un quinientos por cien en sólo cuatro años debido a la crisis económica actual
El Il.lustre Col.legi de Graduats Socials de Illes Balears compareció ayer ante los medios de comunicación para denunciar públicamente el colapso que padecen los cuatro juzgados de lo Social de Mallorca, circunstancia que provoca “graves pérdidas económicas” y “dramas humanos”. El presidente de los Graduados Sociales de Illes Balears, Francisco Navarro, fue el encargado de exponer esta denuncia. Junto a él estuvieron los directivos del Colegio Francisco Cabello y José Javier Bonet.
“Queremos denunciar públicamente la grave situación que está pasando en todos los procesos laborales en los cuatro juzgados de los Social de Mallorca. A efectos indicativos y haciendo una comparación, entre los años 2007 y 2011 el aumento porcentual de los procedimientos de despido ha sido un 614 por ciento; el incremento en los procedimientos de reclamación de cantidades de salarios, diferencias y, entre otros, impago de nóminas, supone un 566 por ciento más; y en materia de Seguridad Social, entiéndase lo que son incapacidades permanentes y temporales y jubilaciones, de 540 procedimientos que hubo en 2007 se ha pasado a 1188 en 2011. Esto significa unas demoras de tiempo muy importantes en comparación con años pasados y sobre todo hay que recordar que los procedimientos de despido son casos urgentes que, como tal, reconoce la ley”, dijo Francisco Navarro, que añadió: “Se debería señalar en un plazo de 20 a 25 días desde que se presenta la demanda hasta la fecha del juicio y ahora hablamos de 10 a 12. Y hay que añadir otro mes de la fase prejudicial. El pase administrativo al judicial se puede ir perfectamente ahora a doce meses de demora hasta la celebración del juicio”.
“Es muy importante que la sociedad conozca que el procedimiento de despido acarrea una consecuencia en el supuesto de que el despido sea improcedente, que es el pago de los salarios de tramitación. Es decir, si un despido se produce en el mes de enero y el juicio se ve en el mes de abril del año siguiente, la empresa estará obligada a pagar todos los salarios que han transcurrido en ese periodo al trabajador. Éste, luego, deberá de devolver las prestaciones de desempleo en el supuesto de que las haya cobrado. Lo que mucha gente desconoce es que por ley el estado se hace cargo de todos los salarios de tramitación y de las cotizaciones a la Seguridad Social, que ello supone a partir de los 60 días hábiles de la presentación de la demanda”, explicó Navarro.
“La situación está generando situaciones dramáticas y dantescas en el tema de despidos. Un trabajador se puede ir a más de dos años largos para poder cobrar salarios que tenga pendientes de percibir o indemnizaciones por despido improcedente y de empresas que al final sean insolventes”, recalcó.
Francisco Navarro también dijo que el colapso no sólo ocurre en el apartado de despidos. “En los procedimientos de Seguridad Social también se ven dramas, sobre todo en el apartado de incapacidad temporal y permanente. Personas que tienen una serie de dolencias o limitaciones funcionales por las que supuestamente no pueden trabajar, y que la Seguridad Social asegura que son aptas, se han de incorporar a su puesto de trabajo sin poderlo desempeñar debidamente. Ese procedimiento en el que el trabajador debe instar ante el juzgado de lo Social para reclamar esa incapacidad se va demorar al ser un procedimiento ordinario. Actualmente uno que entre hoy se va a solventar en 2014, con lo cual el trabajador se debe de incorporar a su empresa de manera eficaz y eficiente cuando a lo mejor tiene derecho a esa incapacidad que en su día instó. ¿Qué ocurre? Que a veces el trabajador deja el trabajo al no poder desempeñar bien su función”, denunció.
El presidente de los Graduados Sociales dejó claro que esta queja no es contra el personal de los juzgados. “Nuestra denuncia no es contra los jueces ni contra el personal de los juzgados que prestan un servicio eficaz y atento y que están dedicando mucho esfuerzo y sobretodo mucha tensión por la situación actual. Me consta que los cuatro juzgados trabajan a toda máquina. Para que un juzgado funcione de una manera óptima debe dictar de quinientas a seiscientas sentencias anuales. Ahora fácilmente están dictando el doble. Hay que pensar que una justicia no es ágil y eficaz, no es justicia”, comentó.
Por su parte, el vicepresidente y tesorero del Colegio, Francisco Cabello, dijo: “Se ha comunicado a los colegiados la necesidad de que en estos momentos difíciles extraigan nuestra potencialidad negociadora y de conciliación, a los efectos de poder evitar que todos los procesos sean sentenciados. Con nuestra habilidad negociadora y esfuerzo por ambas partes podemos reducir el número de pleitos que son motivo del colapso en el que encuentra la jurisdicción social”.
Cabello quiso dar cifras de lo que supone económicamente esta saturación en los juzgados sociales. “En la extinciones por despido los efectos económicos para el empresario o para el estado si se superan los mencionados 60 días tras la presentación de la demanda sólo considerando que el 50 por ciento de los despidos se considerasen improcedentes y calculando sobre un salario mileurista, cada mes en Mallorca la repercusión económica es de un millón ciento cincuenta mil euros. Eso es lo que produce tanto si lo paga el empresario o el estado por la ineficacia de la justicia. Nos vamos a trece millones de euros anuales”, reveló.
José Javier Bonet expuso algunas de las posibles soluciones, como la creación de más juzgados y que los graduados sociales puedan actuar de mediadores sin que algunos procedimientos vayan ya a la justicia. “Aquí en Mallorca se tendrían que crear cuatro nuevos juzgados de lo Social dotados del correspondiente presupuesto, que esta cantidad podría venir del ahorro de acortar el plazo de sentencias de despido improcedente que implican salarios de tramitación a cargo del estado”, señaló, y comentó la nueva ley reguladora de la jurisdicción social: “Ha pretendido agilizar la justicia. Ha nacido con buena fe, pero en un mal momento y si no va dotada del consiguiente presupuesto al final esa ley es papel mojado. Además, esa nueva ley ha ampliado las competencias de Social y desde noviembre se encarga de procedimientos civiles y contenciosos. En consecuencia, la carga ha aumentado más. Una justicia que no es rápida no es eficaz”.
“Queremos denunciar públicamente la grave situación que está pasando en todos los procesos laborales en los cuatro juzgados de los Social de Mallorca. A efectos indicativos y haciendo una comparación, entre los años 2007 y 2011 el aumento porcentual de los procedimientos de despido ha sido un 614 por ciento; el incremento en los procedimientos de reclamación de cantidades de salarios, diferencias y, entre otros, impago de nóminas, supone un 566 por ciento más; y en materia de Seguridad Social, entiéndase lo que son incapacidades permanentes y temporales y jubilaciones, de 540 procedimientos que hubo en 2007 se ha pasado a 1188 en 2011. Esto significa unas demoras de tiempo muy importantes en comparación con años pasados y sobre todo hay que recordar que los procedimientos de despido son casos urgentes que, como tal, reconoce la ley”, dijo Francisco Navarro, que añadió: “Se debería señalar en un plazo de 20 a 25 días desde que se presenta la demanda hasta la fecha del juicio y ahora hablamos de 10 a 12. Y hay que añadir otro mes de la fase prejudicial. El pase administrativo al judicial se puede ir perfectamente ahora a doce meses de demora hasta la celebración del juicio”.
“Es muy importante que la sociedad conozca que el procedimiento de despido acarrea una consecuencia en el supuesto de que el despido sea improcedente, que es el pago de los salarios de tramitación. Es decir, si un despido se produce en el mes de enero y el juicio se ve en el mes de abril del año siguiente, la empresa estará obligada a pagar todos los salarios que han transcurrido en ese periodo al trabajador. Éste, luego, deberá de devolver las prestaciones de desempleo en el supuesto de que las haya cobrado. Lo que mucha gente desconoce es que por ley el estado se hace cargo de todos los salarios de tramitación y de las cotizaciones a la Seguridad Social, que ello supone a partir de los 60 días hábiles de la presentación de la demanda”, explicó Navarro.
“La situación está generando situaciones dramáticas y dantescas en el tema de despidos. Un trabajador se puede ir a más de dos años largos para poder cobrar salarios que tenga pendientes de percibir o indemnizaciones por despido improcedente y de empresas que al final sean insolventes”, recalcó.
Francisco Navarro también dijo que el colapso no sólo ocurre en el apartado de despidos. “En los procedimientos de Seguridad Social también se ven dramas, sobre todo en el apartado de incapacidad temporal y permanente. Personas que tienen una serie de dolencias o limitaciones funcionales por las que supuestamente no pueden trabajar, y que la Seguridad Social asegura que son aptas, se han de incorporar a su puesto de trabajo sin poderlo desempeñar debidamente. Ese procedimiento en el que el trabajador debe instar ante el juzgado de lo Social para reclamar esa incapacidad se va demorar al ser un procedimiento ordinario. Actualmente uno que entre hoy se va a solventar en 2014, con lo cual el trabajador se debe de incorporar a su empresa de manera eficaz y eficiente cuando a lo mejor tiene derecho a esa incapacidad que en su día instó. ¿Qué ocurre? Que a veces el trabajador deja el trabajo al no poder desempeñar bien su función”, denunció.
El presidente de los Graduados Sociales dejó claro que esta queja no es contra el personal de los juzgados. “Nuestra denuncia no es contra los jueces ni contra el personal de los juzgados que prestan un servicio eficaz y atento y que están dedicando mucho esfuerzo y sobretodo mucha tensión por la situación actual. Me consta que los cuatro juzgados trabajan a toda máquina. Para que un juzgado funcione de una manera óptima debe dictar de quinientas a seiscientas sentencias anuales. Ahora fácilmente están dictando el doble. Hay que pensar que una justicia no es ágil y eficaz, no es justicia”, comentó.
Por su parte, el vicepresidente y tesorero del Colegio, Francisco Cabello, dijo: “Se ha comunicado a los colegiados la necesidad de que en estos momentos difíciles extraigan nuestra potencialidad negociadora y de conciliación, a los efectos de poder evitar que todos los procesos sean sentenciados. Con nuestra habilidad negociadora y esfuerzo por ambas partes podemos reducir el número de pleitos que son motivo del colapso en el que encuentra la jurisdicción social”.
Cabello quiso dar cifras de lo que supone económicamente esta saturación en los juzgados sociales. “En la extinciones por despido los efectos económicos para el empresario o para el estado si se superan los mencionados 60 días tras la presentación de la demanda sólo considerando que el 50 por ciento de los despidos se considerasen improcedentes y calculando sobre un salario mileurista, cada mes en Mallorca la repercusión económica es de un millón ciento cincuenta mil euros. Eso es lo que produce tanto si lo paga el empresario o el estado por la ineficacia de la justicia. Nos vamos a trece millones de euros anuales”, reveló.
José Javier Bonet expuso algunas de las posibles soluciones, como la creación de más juzgados y que los graduados sociales puedan actuar de mediadores sin que algunos procedimientos vayan ya a la justicia. “Aquí en Mallorca se tendrían que crear cuatro nuevos juzgados de lo Social dotados del correspondiente presupuesto, que esta cantidad podría venir del ahorro de acortar el plazo de sentencias de despido improcedente que implican salarios de tramitación a cargo del estado”, señaló, y comentó la nueva ley reguladora de la jurisdicción social: “Ha pretendido agilizar la justicia. Ha nacido con buena fe, pero en un mal momento y si no va dotada del consiguiente presupuesto al final esa ley es papel mojado. Además, esa nueva ley ha ampliado las competencias de Social y desde noviembre se encarga de procedimientos civiles y contenciosos. En consecuencia, la carga ha aumentado más. Una justicia que no es rápida no es eficaz”.
