Presupuestos 2012: ajuste de 27.300 millones y amnistía fiscal

Expansión, 30 de marzo de 2012

l Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de presupuestos generales del Estado para 2012, que incluyen un ajuste total de 27.300 millones de euros, que se lograrán tanto por la vía del gasto como por la de los ingresos (incluida una amnistía fiscal), ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

30.03.2012 B. Amigot/M. G. Mayo/M. Roig El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de presupuestos generales del Estado para 2012, que incluyen un ajuste total de 27.300 millones de euros, que se lograrán tanto por la vía del gasto como por la de los ingresos (incluida una amnistía fiscal), ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

“Todos ustedes conocen la difícil situación que atraviesa nuestro país”… Así ha comenzado Soraya Sáenz de Santamaría su comparecencia ante los medios para explicar un ajuste de 27.300 millones de euros.

Las cuentas aprobadas recogen subidas fiscales en Sociedades, un 'amnistía' fiscal para "favorecer la regulación de los saldos totales que vengan de otros territorios o afloren en la propia España" y un recorte de alrededor de un 17% del gasto de los ministerios, entre otros aspectos.

La meta de estos Presupuestos es ajustar el déficit del Estados 2,5 puntos del PIB hasta el 3,5% del PIB. Para ello, se plantea una reducción de 17.800 millones de euros del déficit de la Administración central. Y se esperan unos ingresos extra de 12.314 millones de euros gracias a las nuevas medidas tributarias y la ya anunciada reforma del IRPF.

"Vamos a garantizar la consecución del déficit público y a alcanzar el 3,5% de déficit en el Estado. Seguiremos al milímetro la ejecución presupuestaria para que se cumpla. Y lo mismo haremos con el resto de administraciones para que España sea un país fiable", ha explicado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El objetivo final es conseguir reducir el déficit desde el 8,5% de 2011 al 5,3% pactado con Bruselas. El próximo martes se llevarán los Presupuestos al Congreso y se detallarán las cuentas del Estado.

Reducir el déficit desde el 8,5% al 5,3% obliga a realizar un ajuste de más de tres puntos en un solo ejercicio, lo que supone recortar el desvío de las cuentas en unos 35.000 millones de euros, aunque algunos analistas sitúan esta cifra más próxima a los 60.000 millones, como Funcas o Fedea.

Gasto La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que entre las medidas de ajuste se va a rebajar un 16,9% la partida de gasto de los Ministerios, cuyo presupuesto queda en 65.803 millones de euros.

Además, se va a congelar el sueldo de los funcionarios, "pero queremos extender la jornada laboral", ha dicho Montoro.

Las inversiones reales caen un 19,6% y se reducen las transferencias de capital un 46,4%. Entre otras cosas, estas medidas supondrán recortes de 351 millones en inversiones, 322 millones ayudas de vivienda y 144 millones en inversiones en infraestructuras.

Otro de los ajustes más destacados es el recorte de 1.557 millones en las políticas activas de empleo.

Pero Sáenz de Santamaría ha destacado que se mantiene la actualización de las pensiones y las prestaciones por desempleo y el gasto social como las becas.

Cambios fiscales En materia fiscal la vicepresidenta ha aclarado que no se va a subir el IVA para no perjudicar el consumo y la recuperación económica, pero sí se reclamará un esfuerzo a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades mediante de la puesta en marcha de un programa "de regularización fiscal".

El ministro de Hacienda ha anunciado también una especie de amnistía fiscal dirigida a "favorecer la regulación de los saldos totales que vengan de otros territorios o afloren en la propia España". Esta regulación se realizará a cambio de pagar una tasa del 10%. El objetivo es recaudar 2.500 millones de euros.

Además, el nuevo marco tributario incluye una subida del Impuesto para el tabaco para recaudar 150 millones de euros extras.

"Estamos en una situación límite en sus cuentas y desempleo. Es un momento que exige grandes esfuerzos en la reducción del déficit y reformas estructurales para crecer y crear empleo. El espíritu de este Gobierno es poner en marcha todas las medidas necesarias para crecer", ha asegurado Sáenz de Santamaría.

Sáenz de Santamaría ha afirmado que también se ha aprobado un anteproyecto de ley de tasas de la Justicia, que se remitirá al Consejo de Estado. Esté tratará de ajustar se pagan por los litigantes que son los costes del servicio.

El Ejecutivo impulsa una amnistía fiscal y cambia el Impuesto de Sociedades

30.03.2012 M. G. M. / B.A.

El Ejecutivo ha dado hoy luz verde a los Presupuestos Generales del Estado de 2012, que incluyen varios cambios fiscales: modificaciones en el Impuesto de Sociedades, una amnistía fiscal capital el capital que retorne a España o aflore de la eocnomía sumergida y nuevas tasas en la Justicia. Con ellos, y la subida del IRPF, se prevé ingresar 12.314 millones de euros.

La 'amnistía' fiscal está dirigida a "favorecer la regulación de los saldos totales que vengan de otros territorios o afloren en la propia España", según ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Esta regulación se realizara a cambio de pagar un "gravamen especial" del 10%. El objetivo es recaudar 2.500 millones de euros. Según el ministro, este procedimiento lo recomienda la propia OCDE en países con especiales dificultades económicas.

El nuevo marco tributario incluye también la subida del impuesto del tabajo, para recaudar 150 milllones de euros.

El Gobierno sube las tasas judiciales para financiar la justicia gratuita

30.03.2012

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, un anteproyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, con el fin de paliar la saturación de los juzgados y a su vez sufragar la justicia gratuita.

Con esta medida, incluida en el paquete de reformas anunciado por Ruiz-Gallardón para agilizar y hacer más eficaz el trabajo de los tribunales, se aplicarán las tasas también para las personas físicas, y no sólo jurídicas, que dispongan de recursos económicos, aunque quedarán exentos de pagar aquellos a quienes se haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos.

Otro de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo es evitar que lleguen a los juzgados conflictos que pueden solucionarse a través de otras vías, como la mediación, o aquellas actuaciones que sólo persiguen dilatar en el tiempo el procedimiento, con lo que se aliviará también la carga de trabajo de los órganos judiciales.

Según ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el anteproyecto, que ahora será remitido al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, pone el acento en la segunda instancia para "evitar el exceso o abuso" de los recursos.

Así, ha indicado que se trata de quien ya tiene la sentencia de un órgano judicial "contribuya con los costes" que genera recurrirla en una segunda instancia.

La subida afectará a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden Civil y Contencioso-administrativo y se aplicará también en lo Social, aunque en esta jurisdicción sólo en el caso de recursos en segunda instancia de suplica o casación, quedando también excluido el orden penal.

También se introduce una nueva tasa por el alta y modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados.

Según la estimación del Gobierno, si se mantuvieran los datos de 2010, cuando se recaudaron 172 millones de euros a través de esta vía, esa cifra podría alcanzar los 300 millones con las nuevas tasas, cuya recaudación, teniendo en cuenta la actual coyuntura de crisis económica, se destinará a mantener y financiar el sistema de justicia gratuita.

En concreto, en el orden civil subirán las tasas para los procesos verbal y cambiario, que pasan de 90 a 150 euros; las correspondientes para procesos ordinarios se incrementan de 150 a 300, y en el proceso monitorio suben también de 50 a 100 euros.

Las tasas para ejecuciones extrajudiciales y concursos necesarios se elevan de 150 a 200 euros, en los recursos de apelación habrá que pagar 500 euros más -de 300 a 800- y en los de casación e infracción procesal suben un 100% pasando de 600 a 1.200.

En la jurisdicción contencioso-administrativa suben las tasas en los procesos abreviado (de 120 a 200 euros) y ordinario (de 210 a 350), así como en los recursos de apelación, que pasan de 300 a 800 euros, y de casación, de 600 a 1.200.

Por último, en el orden social, se aplicarán las tasas sólo en segunda instancia, costando 500 euros para los recursos de súplica y 750 en casación.

Esta reforma, según han informado fuentes de Justicia, no supone ninguna merma al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) según la cual la tasa responde al principio del pago del coste del servicio que presta la Administración de Justicia, y en ningún caso superará dicho coste.

En cuanto a la gestión, el anteproyecto también contempla, entre sus novedades, que los procuradores y abogados podrán facilitar el pago, y se establecerá la posibilidad de revisar la liquidación de la tasa durante la tramitación del procedimiento judicial.