Lunes, 7 de mayo de 2012
Noticias generales
UGT registra en Eivissa un incremento del 30% en las consultas por despidos a raíz de la reforma laboral
Ultima Hora Ibiza, 6 de mayo de 2012
También aumentan las empresas que buscan asesoramiento sobre los nuevos contratos bonificados
L. Aversa | Eivissa | 06/05/2012
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Si hay sectores en los que la reforma laboral ha fomentado el incremento de trabajo, éstos son las áreas de los graduados sociales y de los sindicatos, que han visto cómo en los último meses se ha disparado la petición información y asesoramiento tanto de trabajadores como de empresarios ante el nuevo paradigma laboral.
Por un lado, los graduados sociales registraron un incremento de las consultas legales por parte de las empresas sobre cómo despedir y cómo contratar según la reforma laboral. Por el otro, sindicatos como UGT, calculan que la cantidad de trabajadores que piden asesoramiento legal porque fueron despedidos de sus trabajos ha aumentado un 30% con respecto al año pasado.
Así lo aseguró desde la Unión General de Trabajadores (UGT), su secretario general, Diego Ruiz. «Está viniendo mucha gente. El incremento ha sido importante y varía en función de los meses y de la coyuntura», destacó. Aún así matizó que no cuenta con una estadística oficial, señaló que en el sindicato se ha notado el aumento de consultas «sobre todo en los temas sobre despidos y sobre la reforma laboral. «Hay un incremento de un 30% sobre el año pasado. Sobre todo por los efectos de la reforma laboral», insistió.
El otro lado
Sobre el otro extremo, el de los empresarios, Marcos Martínez, vocal de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Balears en Eivissa, explicó que «hay bastantes» solicitudes de asesoramiento pero detalló que «más que por despidos, las empresas consultan para aplicar el nuevo contrato que ha surgido en base a la reforma laboral: el contrato bonificado, con incentivos fiscales y con un período de prueba de un año a todos los trabajadores», recordó.
Según afirmó este especialista en derecho laboral, las empresas piden más ayuda legal a los graduados sociales que los trabajadores. «Es según el ámbito de clientes que tenga el graduado social, pero normalmente en un porcentaje más alto asesoramos a empresas aunque también el trabajador es libre cuando quiera acudir a un graduado social para asesorarse. Pasa que por cultura general van todos a los sindicatos», destacó.
Al respecto, Martínez recordó que próximamente, el Colegio de Graduados Sociales de Balears abrirá una oficina de orientación jurídico laboral gratuita «para todos aquellos que quieran hacer consultas en tema laboral», tanto empresarios como trabajadores.
Martínez: «Hay que esperar la interpretación de los jueces» El portavoz de los graduados sociales, Marcos Martínez, señaló que si bien la reforma laboral «ha rebajado muchísimo los requisitos» para el despido objetivo o procedente, a fin de que las empresas puedan pagar solo 20 días de indemnización por año trabajado, «una cosa es lo que dice la legislación y otra lo que digan luego los jueces». «Hay esperar que haya sentencias para ver la interpretación de los jueces que son los que van a decir cómo se aplica la ley», destacó, ya que si el juez da la razón a un trabajador que recurra, se le reconocerá una indemnización de 33 días por año, que es la que contempla la ley por despido improcedente. Aún así, Martínez lamentó que los juicios por causas de despido estén tardando «cuatro o cinco meses» por la falta de recursos en los juzgados.
Si hay sectores en los que la reforma laboral ha fomentado el incremento de trabajo, éstos son las áreas de los graduados sociales y de los sindicatos, que han visto cómo en los último meses se ha disparado la petición información y asesoramiento tanto de trabajadores como de empresarios ante el nuevo paradigma laboral.
Por un lado, los graduados sociales registraron un incremento de las consultas legales por parte de las empresas sobre cómo despedir y cómo contratar según la reforma laboral. Por el otro, sindicatos como UGT, calculan que la cantidad de trabajadores que piden asesoramiento legal porque fueron despedidos de sus trabajos ha aumentado un 30% con respecto al año pasado.
Así lo aseguró desde la Unión General de Trabajadores (UGT), su secretario general, Diego Ruiz. «Está viniendo mucha gente. El incremento ha sido importante y varía en función de los meses y de la coyuntura», destacó. Aún así matizó que no cuenta con una estadística oficial, señaló que en el sindicato se ha notado el aumento de consultas «sobre todo en los temas sobre despidos y sobre la reforma laboral. «Hay un incremento de un 30% sobre el año pasado. Sobre todo por los efectos de la reforma laboral», insistió.
El otro lado
Sobre el otro extremo, el de los empresarios, Marcos Martínez, vocal de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Balears en Eivissa, explicó que «hay bastantes» solicitudes de asesoramiento pero detalló que «más que por despidos, las empresas consultan para aplicar el nuevo contrato que ha surgido en base a la reforma laboral: el contrato bonificado, con incentivos fiscales y con un período de prueba de un año a todos los trabajadores», recordó.
Según afirmó este especialista en derecho laboral, las empresas piden más ayuda legal a los graduados sociales que los trabajadores. «Es según el ámbito de clientes que tenga el graduado social, pero normalmente en un porcentaje más alto asesoramos a empresas aunque también el trabajador es libre cuando quiera acudir a un graduado social para asesorarse. Pasa que por cultura general van todos a los sindicatos», destacó.
Al respecto, Martínez recordó que próximamente, el Colegio de Graduados Sociales de Balears abrirá una oficina de orientación jurídico laboral gratuita «para todos aquellos que quieran hacer consultas en tema laboral», tanto empresarios como trabajadores.
Martínez: «Hay que esperar la interpretación de los jueces» El portavoz de los graduados sociales, Marcos Martínez, señaló que si bien la reforma laboral «ha rebajado muchísimo los requisitos» para el despido objetivo o procedente, a fin de que las empresas puedan pagar solo 20 días de indemnización por año trabajado, «una cosa es lo que dice la legislación y otra lo que digan luego los jueces». «Hay esperar que haya sentencias para ver la interpretación de los jueces que son los que van a decir cómo se aplica la ley», destacó, ya que si el juez da la razón a un trabajador que recurra, se le reconocerá una indemnización de 33 días por año, que es la que contempla la ley por despido improcedente. Aún así, Martínez lamentó que los juicios por causas de despido estén tardando «cuatro o cinco meses» por la falta de recursos en los juzgados.
