Martes, 30 de octubre de 2012
Noticias generales
La nueva ley para combatir el fraude fiscal entra en vigor mañana
Expansión, 30 de octubre de 2012
Este miércoles entra en vigor la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado. La única excepción es la limitación en el uso de efectivo, que entrará en vigor dentro de veinte días.
La nueva ley para combatir el fraude fiscal entra en vigor mañana
30.10.2012EP0
Este miércoles entra en vigor la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado. La única excepción es la limitación en el uso de efectivo, que entrará en vigor dentro de veinte días.
El texto no ha incorporado ninguna enmienda a su paso por el Congreso y por el Senado, y se ha aprobado sólo con el apoyo del Partido Popular en las dos Cámaras, así que entra en vigor tal como la anunció y presentó el Ejecutivo.
La ley entrará en vigor mañana con carácter general, excepto el artículo 7, que reduce a 2.500 euros el límite para realizar pagos directos en efectivo a particulares y empresarios, que lo hará dentro de veinte días.
La norma, según Hacienda, refuerza las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, una de las prioridades de la política económica del Gobierno. De hecho, el Ministerio asegura que la nueva ley supone el mayor esfuerzo normativo en la lucha contra el fraude, junto al proyecto de ley de lucha contra el fraude laboral y la reforma del Código Penal.
Además, es un "complemento perfecto" al plan extraordinario de regularización de rentas ocultas aprobado el pasado 30 de marzo, con el que se pretende aflorar ingresos procedentes de la economía sumergida para incorporarlos a la economía regular. Lac conocida como amnistía fiscal estará en vigor hasta el próximo 30 de noviembre.
La limitación de los pagos en efectivo no afectará a las operaciones entre particulares o entre particulares y entidades financieras, y se elevará a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes para favorecer la llegada de turistas.
Aquellos que incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo, y tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos.
Se fija, además, el deber de toda autoridad o funcionario público de denunciar los incumplimientos de los que tengan conocimiento en esta materia. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago.
Valores en el extranjero Por otro lado, la nueva norma obliga a todos los contribuyentes a declarar el capital y los bienes inmuebles del extranjero y fija una multa mínima de 10.000 euros para los que no declaren sus cuentas fuera, a los que se sumarán 5.000 euros por cada dato que se descubra y que no haya sido comunicado por el contribuyente.
Este tipo de delito fiscal no prescribirá y las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán en el último periodo impositivo no prescrito. No sólo afectará a la titularidad, sino también a la tenencia y adquisición de bienes y derechos no incluidos en la declaración informativa.
Para garantizar el pago de las deudas con Hacienda, la nueva ley permite a la Agencia Tributaria tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar.
En concreto, se elimina la posibilidad de aplazamientos de créditos en situaciones de concurso, se facilitan los embargos preventivos, se amplía la responsabilidad de los sucesores de empresas liquidadas para evitar vacíos patrimoniales y se crea un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para responsables de sociedades sin patrimonio pero con actividad regular.
Además, se limita la actividad de sociedades con inmuebles participadas por deudores que se declaran sin bienes. Hasta ahora, cuando una deudor se declaraba sin bienes pero con acciones en una sociedad con inmuebles se le embargaban dichas acciones. A partir de ahora, se limitará la actividad de la propia sociedad.
Endurecimiento de las sanciones Por otro lado, se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección con multas entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes que no desarrollen actividades económicas y con multas de entre 3.000 y 600.000 euros para los que sí las desarrollan. Si estos deudores rectifican, pueden beneficiarse de reducciones de hasta el 50% en las sanciones.
También se introducen algunos cambios en el uso del IVA en operaciones inmobiliarias, ya que no se permitirá que el adquiriente se deduzca el impuesto si el vendedor no lo ha ingresado previamente. En los supuestos de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas antes del concurso no podrá realizarse en liquidaciones posteriores.
La nueva norma también incluye modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos. En concreto, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión sólo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales.
Durante su defensa del proyecto de ley de modificación del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social ante el Pleno del Congreso, Gallardón ha indicado que siete de cada diez denuncias acaban en condena, lo que arroja un total de unas mil condenas cada año.
Sin embargo, más de 6.000 euros estafados a la Hacienda pública están pendientes de cobro, en parte porque las liquidaciones administrativas no se efectúan hasta que concluye el proceso penal, lo que "causa un gran perjuicio para las arcas públicas".
LAS LEYES SON "INSUFICIENTES" Dado que "el mundo ha cambiado y, con él los artificios de engaño", las leyes se han demostrado "insuficientes" para "afrontar el desafío de la delincuencia fiscal", que es "más complicado de perseguir y desenmascarar". Por eso, los ministerios de Justicia, Empleo y Hacienda han desarrollado este proyecto de ley, que "trata de dar una doble respuesta que actúe tanto en el cobro como en el reproche penal" a los defraudadores.
"Pocas normas tienen tanta importancia y repercusión en la vida ciudadana como ésta. Es la respuesta, largamente demorada, a una necesidad estructural de defensa de lo público desde el punto de vista del ciudadano honrado que, con su esfuerzo, contribuye con el mantenimiento de unos servicios", ha defendido el ministro, recordando que de depende la "credibilidad" y la "competitividad" del país.
A renglón seguido, ha hecho un breve repaso recordando las novedades del proyecto, cuyo objetivo último es "hacer más difícil el fraude, endurecer el reproche penal que merece este tipo de conductas, dar efectividad a los mecanismos de cobro, impedir que un ciudadano pueda engañar a otro ciudadano y asegurar que tenemos los instrumentos precisos para hacer efectiva la solidaridad en el sostenimiento de los gastos públicos".
Por todo ello, Gallardón ha reclamado a los grupos parlamentarios --y particularmente a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y PSOE, que han presentado enmiendas de totalidad contra el texto-- que no caigan en la "paradoja" de votar contra un proyecto aun "compartiendo parcialmente" sus objetivos, sólo porque "recelan que haya sido un gobierno de centro reformista el que vaya a perseguir de verdad la delincuencia de guante blanco".
"Mal cumpliríamos nuestra obligación con los ciudadanos si, dejándonos llevar por intereses de siglas, diéramos la espalada a una iniciativa pionera, valiente, de auténtica vanguardia jurídica y política, y que supone defender a la Administración, recordando que eso no significa defender a quienes, de forma temporal o permanente, ejercemos nuestra responsabilidad, sino defender a los contribuyentes, a lo público", ha dicho.
Por último, ha recordado que la mayor parte de los ciudadanos consideran que en España hay "mucho o bastante fraude", y ha instado a los diputados a hacer de este martes "un día de malas noticias para todos los que creen que es posible vivir a costa de una mayoría social, la que se esfuerza, la que tributa y cumple la ley escrupulosamente, y que hasta ahora se sentía indefensa ante los abusos de los defraudadores".
"El Gobierno hoy propone una respuesta. Espero que coincidan con la de quienes en esta Cámara, desde hace muchos años, han hecho un discurso no muy distinto al nuestro y a quienes hoy no debe frenar su apoyo por que haya sido un Gobierno del PP quien lo ha propuesto", ha concluido.
El texto no ha incorporado ninguna enmienda a su paso por el Congreso y por el Senado, y se ha aprobado sólo con el apoyo del Partido Popular en las dos Cámaras, así que entra en vigor tal como la anunció y presentó el Ejecutivo.
La ley entrará en vigor mañana con carácter general, excepto el artículo 7, que reduce a 2.500 euros el límite para realizar pagos directos en efectivo a particulares y empresarios, que lo hará dentro de veinte días.
La norma, según Hacienda, refuerza las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, una de las prioridades de la política económica del Gobierno. De hecho, el Ministerio asegura que la nueva ley supone el mayor esfuerzo normativo en la lucha contra el fraude, junto al proyecto de ley de lucha contra el fraude laboral y la reforma del Código Penal.
Además, es un "complemento perfecto" al plan extraordinario de regularización de rentas ocultas aprobado el pasado 30 de marzo, con el que se pretende aflorar ingresos procedentes de la economía sumergida para incorporarlos a la economía regular. Lac conocida como amnistía fiscal estará en vigor hasta el próximo 30 de noviembre.
La limitación de los pagos en efectivo no afectará a las operaciones entre particulares o entre particulares y entidades financieras, y se elevará a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes para favorecer la llegada de turistas.
Aquellos que incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo, y tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos.
Se fija, además, el deber de toda autoridad o funcionario público de denunciar los incumplimientos de los que tengan conocimiento en esta materia. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago.
Valores en el extranjero Por otro lado, la nueva norma obliga a todos los contribuyentes a declarar el capital y los bienes inmuebles del extranjero y fija una multa mínima de 10.000 euros para los que no declaren sus cuentas fuera, a los que se sumarán 5.000 euros por cada dato que se descubra y que no haya sido comunicado por el contribuyente.
Este tipo de delito fiscal no prescribirá y las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán en el último periodo impositivo no prescrito. No sólo afectará a la titularidad, sino también a la tenencia y adquisición de bienes y derechos no incluidos en la declaración informativa.
Para garantizar el pago de las deudas con Hacienda, la nueva ley permite a la Agencia Tributaria tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar.
En concreto, se elimina la posibilidad de aplazamientos de créditos en situaciones de concurso, se facilitan los embargos preventivos, se amplía la responsabilidad de los sucesores de empresas liquidadas para evitar vacíos patrimoniales y se crea un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para responsables de sociedades sin patrimonio pero con actividad regular.
Además, se limita la actividad de sociedades con inmuebles participadas por deudores que se declaran sin bienes. Hasta ahora, cuando una deudor se declaraba sin bienes pero con acciones en una sociedad con inmuebles se le embargaban dichas acciones. A partir de ahora, se limitará la actividad de la propia sociedad.
Endurecimiento de las sanciones Por otro lado, se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección con multas entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes que no desarrollen actividades económicas y con multas de entre 3.000 y 600.000 euros para los que sí las desarrollan. Si estos deudores rectifican, pueden beneficiarse de reducciones de hasta el 50% en las sanciones.
También se introducen algunos cambios en el uso del IVA en operaciones inmobiliarias, ya que no se permitirá que el adquiriente se deduzca el impuesto si el vendedor no lo ha ingresado previamente. En los supuestos de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas antes del concurso no podrá realizarse en liquidaciones posteriores.
La nueva norma también incluye modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos. En concreto, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión sólo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales.
Gallardón cifra en un millar las condenas anuales por fraude y en 6.000 millones la deuda pendiente
30.10.2012EP0 El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha cifrado este martes en un millar las condenas anuales que dictan los tribunales por delitos de fraude, tanto fiscal como a la Seguridad Social, y asegura que actualmente hay 6.000 millones de euros de deuda pendiente de cobro.Durante su defensa del proyecto de ley de modificación del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social ante el Pleno del Congreso, Gallardón ha indicado que siete de cada diez denuncias acaban en condena, lo que arroja un total de unas mil condenas cada año.
Sin embargo, más de 6.000 euros estafados a la Hacienda pública están pendientes de cobro, en parte porque las liquidaciones administrativas no se efectúan hasta que concluye el proceso penal, lo que "causa un gran perjuicio para las arcas públicas".
LAS LEYES SON "INSUFICIENTES" Dado que "el mundo ha cambiado y, con él los artificios de engaño", las leyes se han demostrado "insuficientes" para "afrontar el desafío de la delincuencia fiscal", que es "más complicado de perseguir y desenmascarar". Por eso, los ministerios de Justicia, Empleo y Hacienda han desarrollado este proyecto de ley, que "trata de dar una doble respuesta que actúe tanto en el cobro como en el reproche penal" a los defraudadores.
"Pocas normas tienen tanta importancia y repercusión en la vida ciudadana como ésta. Es la respuesta, largamente demorada, a una necesidad estructural de defensa de lo público desde el punto de vista del ciudadano honrado que, con su esfuerzo, contribuye con el mantenimiento de unos servicios", ha defendido el ministro, recordando que de depende la "credibilidad" y la "competitividad" del país.
A renglón seguido, ha hecho un breve repaso recordando las novedades del proyecto, cuyo objetivo último es "hacer más difícil el fraude, endurecer el reproche penal que merece este tipo de conductas, dar efectividad a los mecanismos de cobro, impedir que un ciudadano pueda engañar a otro ciudadano y asegurar que tenemos los instrumentos precisos para hacer efectiva la solidaridad en el sostenimiento de los gastos públicos".
Por todo ello, Gallardón ha reclamado a los grupos parlamentarios --y particularmente a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y PSOE, que han presentado enmiendas de totalidad contra el texto-- que no caigan en la "paradoja" de votar contra un proyecto aun "compartiendo parcialmente" sus objetivos, sólo porque "recelan que haya sido un gobierno de centro reformista el que vaya a perseguir de verdad la delincuencia de guante blanco".
"Mal cumpliríamos nuestra obligación con los ciudadanos si, dejándonos llevar por intereses de siglas, diéramos la espalada a una iniciativa pionera, valiente, de auténtica vanguardia jurídica y política, y que supone defender a la Administración, recordando que eso no significa defender a quienes, de forma temporal o permanente, ejercemos nuestra responsabilidad, sino defender a los contribuyentes, a lo público", ha dicho.
Por último, ha recordado que la mayor parte de los ciudadanos consideran que en España hay "mucho o bastante fraude", y ha instado a los diputados a hacer de este martes "un día de malas noticias para todos los que creen que es posible vivir a costa de una mayoría social, la que se esfuerza, la que tributa y cumple la ley escrupulosamente, y que hasta ahora se sentía indefensa ante los abusos de los defraudadores".
"El Gobierno hoy propone una respuesta. Espero que coincidan con la de quienes en esta Cámara, desde hace muchos años, han hecho un discurso no muy distinto al nuestro y a quienes hoy no debe frenar su apoyo por que haya sido un Gobierno del PP quien lo ha propuesto", ha concluido.
