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Martes, 27 de mayo de 2008
Noticias extranjería

Trabajo endurecerá las sanciones a los empresarios que contraten ‘ilegales’

Cinco Dias, 27 de mayo de 2008

Continuidad en materia de empleo y discurso más riguroso en inmigración. Esa es la impresión de los grupos políticos sobre las medidas anunciadas en el estreno del ministro de Trabajo e Inmigración, ayer, en Comisión en el Congreso de los Diputados. Entre las propuestas, Celestino Corbacho anunció que endurecerá las sanciones contra empresas que contraten extranjeros irregulares.
Alfonso Simón / MADRID (27-05-2008)

Una pista sobre la nueva imagen del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de Celestino Corbacho, la ofreció la oposición. Antonio Hernando, diputado del PP, bautizó la nueva etapa como 'del papeles para todos al maletas para todos', una forma de expresar la voluntad del ministro de endurecer el discurso sobre inmigración, respecto a su antecesor Jesús Caldera.

'Promoveremos un endurecimiento de las sanciones a empresarios y empleadores que contraten a extranjeros que no se hallen en situación legal en España', anunció Corbacho (sin más detalles) ante los diputados de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, donde se estrenaba el ministro.

El titular de Trabajo ya había expresado su voluntad de mejorar los mecanismos de retorno de los inmigrantes (no comunitarios) con un plan para el regreso voluntario en el que los trabajadores extranjeros podrán volverse a su país de origen con el monto total del valor de las prestaciones por desempleo que le correspondan. 'Nuestra previsión es tenerlo aprobado en el mes de julio', reconoció Corbacho.

Y es que, como ya había reconocido el propio ministro, 'los datos de paro no serán halagüeños' en 2008, ni en la primera mitad de 2009. El desempleo se sitúa en el 9,63% en el primer trimestre de 2008, según la Encuesta de Población Activa. Aunque la evolución de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social todavía es positiva, los agentes sociales calculan que en los próximos meses la situación cambie, sobre todo en sectores intensivos en manos de obra como la construcción.

El Ministerio ha puesto sobre la mesa un plan, elaborado por Caldera (al que agradeció su trabajo), de reinserción laboral para los nuevos parados. Estará listo en agosto, pactado con las comunidades autónomas, y con un coste de 201 millones de euros.

También será consensuada con las comunidades el pacto social para superar la desaceleración. Una novedad: dos grupos trabajarán en paralelo. Al tradicional diálogo con los agentes sociales se sumará la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, con autonomías y ayuntamientos. Este organismo se reunirá el 26 de junio, donde los territorios opinarán sobre el nuevo plan de reinserción.

Corbacho también quiso hacer un guiño a los empresarios: 'Es posible aumentar la estabilidad en el empleo aumentando simultáneamente la flexibilidad de la que disponen las empresas'. Y sobre los extranjeros fue el último gesto de Corbacho, ex alcalde de L'Hospitalet, a los ayuntamientos: 'Allí donde surjan nuevas necesidades sociales deberán suplementarse los medios. Los servicios educativos y sanitarios serán redoblados allá donde se incremente la demanda'. Una forma de mitigar 'el modo de hablar del conservadurismo' en inmigración, en palabras Gaspar Llamazares, diputado de IU.

El decálogo del ministro

• Reforzar el papel de los servicios públicos de empleo, con una mejor coordinación y donde se potencie la intermediación.

• Reforzar la Inspección de Trabajo, con nuevo Estatuto de Autonomía y alcanzar los 3.000 efectivos.

• Situar el salario mínimo internacional en 800 euros en 2012.

• Se regulará el contrato de trabajadores autónomos económicamente dependientes de una empresa y el acceso a la jubilación anticipada.

• Todos los inmigrantes deben llegar de forma legal y con contrato de trabajo y una mayor cooperación con los países de origen.

• Seguir aumentando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (4.700 millones más para julio) y renovar el Pacto de Toledo.

• Diálogo social, al que se le une el consenso de las comunidades.

• Garantizar la protección social de los desempleados y favorecer su rápida reinserción.

• Apuesta por la calidad en el empleo.