Lunes, 9 de junio de 2008
Noticias generales
La Agencia Tributaria inspecciona las facturas de 36.000 euros de las pymes
Expansión, 9 de junio de 2008
La Agencia Tributaria se lanza contra el sector de pequeños negocios, comercios y profesionales que tributan en módulos. Las organizaciones de autónomos ponen sobre la mesa el debate sobre la reforma de este régimen fiscal.
Publicado el 09/06/2008, por C. Cuesta / P. González
Hace unas breves semanas los cerca de dos millones de negocios que tributan por el régimen de módulos recibían la noticia de que el Gobierno negociaba una reforma en profundidad de su esquema de pago de impuestos. Y ahora han empezado a recibir otra que tampoco parece destinada a levantarles el ánimo.
La información está llegando firmada por la Agencia Tributaria y responde a la investigación abierta por los equipos de la Inspección por la facturación de algunos de estos negocios. “El número de contribuyentes afectado puede ser de una gran dimensión”, afirma un asesor fiscal con varios clientes afectados ya por la investigación.
“Los negocios afectados por las inspecciones creían en muchos casos estar actuando dentro de la ley”, señala un abogado consultado por EXPANSIÓN. El problema radica en que muchos de estos contribuyentes cumplían con la normativa específica de módulos. Pero no habían tenido en cuenta otra normativa fiscal: la regulación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), un tributo local del que están exentas las pymes.
Este impuesto asigna una clasificación a cada empresa según su actividad o negocio, y con determinados requisitos. y entre éstos, algunas actividades tienen el requerimiento de que no se emita ninguna factura individual por un importe superior a 36.000 euros. En caso de superar este tope, los negocios quedan fuera de los epígrafes específicos del IAE, y, según entiende la Inspección de Hacienda, también salen de los beneficios del régimen fiscal de módulos.
El resultado puede tener un impacto más que notable para estos contribuyentes en un momento en el que la crisis no les está provocando muy buenas noticias. Algunas de las inspecciones pueden acabar chequeando no sólo el último ejercicio fiscal, sino los tres previos hasta apurar el plazo de prescripción. De este modo, el contribuyente podría tener que pagar lo ahorrado de forma ilícita a ojos de la Agencia Tributaria a lo largo de un periodo de cuatro años.
El motivo de las inspecciones ha cogido por sorpresa a muchos de los profesionales, tiendas, supermercados y el resto de pequeños negocios que pueden acogerse al esquema de tributación por módulos. En concreto, los negocios que no facturan más de 450.000 euros anuales y que no realizan compras, a excepción del inmovilizado superiores a 300.000 euros por año puede elegir este mecanismo de pago de impuestos en el IRPF.
En caso de optar por él cambio se benefician de un sistema prácticamente exento de trámites formales y en el que el pago fiscal no responde a la facturación del negocio. Por el contrario se calcula en base a criterios como los metros de barra de un bar o los metros cuadrados de un negocio, la cifra de personal contratado, o el consumo de energía o de determinados productos. El sistema de módulos, en la práctica, ha supuesto, así, no sólo un alivio de peso burocrático, sino también del coste real de la factura impositiva.
La noticia surge tras conocerse que Hacienda y los empresarios y parte de los trabajadores autónomos están de acuerdo en cambiar el régimen de módulos, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como publicó EXPANSIÓN el pasado 28 de mayo.
Entre las asociaciones de autónomos que están dispuestas a negociar el fin del sistema de módulos se encuentra UPTA (Unión Profesional de Trabajadores Autónomas), una de las principales agrupaciones de este colectivo. El Ministerio de Economía y Hacienda ha acogido favorablemente la propuesta, que admite que este régimen fiscal ha quedado desfasado respecto a la evolución económica de España. No obstante, un portavoz de Hacienda ha asegura que la reforma de los módulos no es un asunto en la agenda inmediata del Departamento.
De momento, CiU ha presentado una propuesta para poner en marcha en los próximos meses en el Congreso de los Diputados una subcomisión que analice la fiscalidad de los autónomos y de los pequeños negocios.
El miedo a las cadenas de facturas falsas Hacienda puso en marcha el sistema de módulos en 1992 como fórmula para, cuando menos, recaudar una cantidad fija por cada contribuyente, antes que perder ingresos, en un universo de pequeñas empresas de difícil control por parte de la Administración, dadas las caracterísiticas del colectivo.
Además de, en la hostelería, en este módulo también pueden estar empresarios del textil, el transporte de mercancías por carretera, los panaderos u otro tipo de pequeño comercio.
Pero, con el tiempo, el sistema de módulos se ha convertido en un foco potencial de fraude, según técnicos de Hacienda. Los últimos datos indican que los ingresos medios anuales de un pequeño empresario en el sistema de módulos son de 11.627 euros anuales.
Este dato contrasta con el hecho de que los ingresos de un asalariado son de 18.214 euros anuales. Incluso, en la última ley antifraude hubo medidas específicas para frenar la proliferación de facturas falsas desde los establecimientos con módulos a otras empresas. La razón radica en que, al no tener una pago fiscal proporcional a la facturación, pueden emitir facturas sin tener que pagar impuestos por ello, algo que ha llevado a generar la tentación de emitir facturas falsas que otros contribuyentes utilizan para desgravar fiscalmente gastos.
Hace unas breves semanas los cerca de dos millones de negocios que tributan por el régimen de módulos recibían la noticia de que el Gobierno negociaba una reforma en profundidad de su esquema de pago de impuestos. Y ahora han empezado a recibir otra que tampoco parece destinada a levantarles el ánimo.
La información está llegando firmada por la Agencia Tributaria y responde a la investigación abierta por los equipos de la Inspección por la facturación de algunos de estos negocios. “El número de contribuyentes afectado puede ser de una gran dimensión”, afirma un asesor fiscal con varios clientes afectados ya por la investigación.
“Los negocios afectados por las inspecciones creían en muchos casos estar actuando dentro de la ley”, señala un abogado consultado por EXPANSIÓN. El problema radica en que muchos de estos contribuyentes cumplían con la normativa específica de módulos. Pero no habían tenido en cuenta otra normativa fiscal: la regulación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), un tributo local del que están exentas las pymes.
Este impuesto asigna una clasificación a cada empresa según su actividad o negocio, y con determinados requisitos. y entre éstos, algunas actividades tienen el requerimiento de que no se emita ninguna factura individual por un importe superior a 36.000 euros. En caso de superar este tope, los negocios quedan fuera de los epígrafes específicos del IAE, y, según entiende la Inspección de Hacienda, también salen de los beneficios del régimen fiscal de módulos.
El resultado puede tener un impacto más que notable para estos contribuyentes en un momento en el que la crisis no les está provocando muy buenas noticias. Algunas de las inspecciones pueden acabar chequeando no sólo el último ejercicio fiscal, sino los tres previos hasta apurar el plazo de prescripción. De este modo, el contribuyente podría tener que pagar lo ahorrado de forma ilícita a ojos de la Agencia Tributaria a lo largo de un periodo de cuatro años.
El motivo de las inspecciones ha cogido por sorpresa a muchos de los profesionales, tiendas, supermercados y el resto de pequeños negocios que pueden acogerse al esquema de tributación por módulos. En concreto, los negocios que no facturan más de 450.000 euros anuales y que no realizan compras, a excepción del inmovilizado superiores a 300.000 euros por año puede elegir este mecanismo de pago de impuestos en el IRPF.
En caso de optar por él cambio se benefician de un sistema prácticamente exento de trámites formales y en el que el pago fiscal no responde a la facturación del negocio. Por el contrario se calcula en base a criterios como los metros de barra de un bar o los metros cuadrados de un negocio, la cifra de personal contratado, o el consumo de energía o de determinados productos. El sistema de módulos, en la práctica, ha supuesto, así, no sólo un alivio de peso burocrático, sino también del coste real de la factura impositiva.
La noticia surge tras conocerse que Hacienda y los empresarios y parte de los trabajadores autónomos están de acuerdo en cambiar el régimen de módulos, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como publicó EXPANSIÓN el pasado 28 de mayo.
Entre las asociaciones de autónomos que están dispuestas a negociar el fin del sistema de módulos se encuentra UPTA (Unión Profesional de Trabajadores Autónomas), una de las principales agrupaciones de este colectivo. El Ministerio de Economía y Hacienda ha acogido favorablemente la propuesta, que admite que este régimen fiscal ha quedado desfasado respecto a la evolución económica de España. No obstante, un portavoz de Hacienda ha asegura que la reforma de los módulos no es un asunto en la agenda inmediata del Departamento.
De momento, CiU ha presentado una propuesta para poner en marcha en los próximos meses en el Congreso de los Diputados una subcomisión que analice la fiscalidad de los autónomos y de los pequeños negocios.
El miedo a las cadenas de facturas falsas Hacienda puso en marcha el sistema de módulos en 1992 como fórmula para, cuando menos, recaudar una cantidad fija por cada contribuyente, antes que perder ingresos, en un universo de pequeñas empresas de difícil control por parte de la Administración, dadas las caracterísiticas del colectivo.
Además de, en la hostelería, en este módulo también pueden estar empresarios del textil, el transporte de mercancías por carretera, los panaderos u otro tipo de pequeño comercio.
Pero, con el tiempo, el sistema de módulos se ha convertido en un foco potencial de fraude, según técnicos de Hacienda. Los últimos datos indican que los ingresos medios anuales de un pequeño empresario en el sistema de módulos son de 11.627 euros anuales.
Este dato contrasta con el hecho de que los ingresos de un asalariado son de 18.214 euros anuales. Incluso, en la última ley antifraude hubo medidas específicas para frenar la proliferación de facturas falsas desde los establecimientos con módulos a otras empresas. La razón radica en que, al no tener una pago fiscal proporcional a la facturación, pueden emitir facturas sin tener que pagar impuestos por ello, algo que ha llevado a generar la tentación de emitir facturas falsas que otros contribuyentes utilizan para desgravar fiscalmente gastos.
