Martes, 17 de junio de 2008
Noticias generales
La Ley de Sociedades Profesionales marcha, pero lastrada y sin empuje
Expansión, 17 de junio de 2008
Un sondeo estima que la adaptación, cuyo plazo se cumplía ayer, sólo alcanza al 30%. Los expertos la califican de ambigua y creen que la convivencia con las sociedades intermediarias creará “desigualdad”, ya que éstas quedan al margen de la norma.
Publicado el 17/06/2008, por M. Serraller / J.M.L.A. Madrid
El 31,93% de los bufetes se ha adaptado a la Ley de Sociedades Profesionales (SP). Ayer venció el plazo para hacerlo y el número de quienes se han adecuado a la norma se ha incrementado notablemente desde el 5% que lo había hecho hace un mes, tal y como informó EXPANSIÓN el pasado 6 de mayo.
Joaquín Ruiz Echauri, socio de Lovells, considera que a la ley “le falta mucho recorrido”. Aunque algunos colegios han hecho una buena labor de información, no ve que la adaptación ocupe el primer lugar en su orden del día. “Los colegios viven para sus colegiados, por lo que puede crearse un conflicto si son muy estrictos”, dice. Los profesionales no ven las ventajas ni los peligros de la ley.
Añade: “Que la SP blindase la responsabilidad de los socios, habría sido un acicate para la adaptación” de una ley que no acaba de ser prioritaria. “No creo que sea necesario un cambio de la ley como de actitud. Un desarrollo reglamentario ayudará; si aún así sigue demostrando una baja adaptación, habría que revisar el texto”, concluye.
Varias fuentes han echado de menos una implicación mayor del Ministerio de Justicia. Critican que la ley carezca a estas alturas de Reglamento y, muy especialmente, denuncian que el Ministerio pretende que los registradores le envíen directamente los datos de las sociedades adaptadas, lo que infringiría el apartado de la ley que indica que los registradores deben trasladar la información a los colegios primero.
“No sé si lo quieren hacer así porque les parece más operativo, pero entonces cuál es el sentido de la ley si de entrada van a romperla. Los registradores van a tener que trabajar el doble y mandárselo a la vez al Ministerio y a los colegios. Si los consejos generales no tienen información, se produce una falta total de control”, dicen.
Desde el Colegio de Registradores comentan que aunque en el diseño de la ley no se diga tal cosa, si el Ministerio lo pide tendrán que hacerlo así. Y Mariano Álvarez, vocal de registros mercantiles del Colegio, no cree que el Ministerio tenga intención de desarrollar el Reglamento, salvo en la parte en que se delimitan incompatibilidades.
Fuente del Ministerio, por su parte, destacan que la ley establece dos flujos de información diferenciados y complementarios: de los registradores al portal y de los colegios al portal. “Nunca hemos pretendido ir contra la ley”, aseguran. Otros expertos consultados replican que el cauce doble puede ser una opción, pero que a la hora de la verdad, en la web se dirá “pendiente de inscripción colegial”, lo que, a su juicio, contraviene la norma.
Enrique Sanz Fernández-Lomana, vicepresidente del CGAE, reseña que la Resolución de la DGRN ha creado ambigüedad, y ha trasladado a los colegios la responsabilidad de impedir que sociedades constituidas como de intermediación desarrollen actividades profesionales. “Por ello, hasta conocer el desenlace de las impugnaciones que se han presentado contra dicha resolución, los colegios tendrán que actuar disciplinariamente”, reseña.
“Los colegios debemos exigir el cumplimiento de la ley y, para ello, tendremos que adaptar nuestros estatutos y, a partir de ahí, actuar disciplinariamente. Pueden tener tal información por denuncia o de oficio a través de anuncios, o llegar a su conocimiento que facturan directamente los servicios profesionales. En el caso de los abogados, cuando las SP giren las facturas aparecerá la sociedad como centro de imputación y los colegios podrán conocerlo a través de las tasaciones de costas, cuando soliciten informe”, explica.
El impacto en los despachos medianos es desigual. Elzaburu se ha convertido en sociedad limitada profesional. Antonio Tavira, socio de la firma, explica que así se “recoge la fórmula del abogado especialista”.
Fernando Escura, presidente de Hispajuris, red en la que están integrados unos cuarenta despachos de tamaño mediano, valora bien la ley pero destaca varios interrogantes: “Parece volver al sistema de organización gremial cuando la tendencia es de liberalización; crea desigualdades con la existencia de las sociedades de intermediación”. Para Escura, la ley “está pensada para el consumidor”. Explica que hay bufetes que han adaptado su objeto social para ser sociedad de intermediación a la espera, “ya que no tienen claro que se consolide [la ley]”. Las sociedades de intermediación dibuja un esquema de “desigualdad”, ya que, precisa, “no todos juegan con las mismas reglas”. Y aventura una tendencia de transformación de SP a de intermediación.
El 31,93% de los bufetes se ha adaptado a la Ley de Sociedades Profesionales (SP). Ayer venció el plazo para hacerlo y el número de quienes se han adecuado a la norma se ha incrementado notablemente desde el 5% que lo había hecho hace un mes, tal y como informó EXPANSIÓN el pasado 6 de mayo.
Joaquín Ruiz Echauri, socio de Lovells, considera que a la ley “le falta mucho recorrido”. Aunque algunos colegios han hecho una buena labor de información, no ve que la adaptación ocupe el primer lugar en su orden del día. “Los colegios viven para sus colegiados, por lo que puede crearse un conflicto si son muy estrictos”, dice. Los profesionales no ven las ventajas ni los peligros de la ley.
Añade: “Que la SP blindase la responsabilidad de los socios, habría sido un acicate para la adaptación” de una ley que no acaba de ser prioritaria. “No creo que sea necesario un cambio de la ley como de actitud. Un desarrollo reglamentario ayudará; si aún así sigue demostrando una baja adaptación, habría que revisar el texto”, concluye.
Varias fuentes han echado de menos una implicación mayor del Ministerio de Justicia. Critican que la ley carezca a estas alturas de Reglamento y, muy especialmente, denuncian que el Ministerio pretende que los registradores le envíen directamente los datos de las sociedades adaptadas, lo que infringiría el apartado de la ley que indica que los registradores deben trasladar la información a los colegios primero.
“No sé si lo quieren hacer así porque les parece más operativo, pero entonces cuál es el sentido de la ley si de entrada van a romperla. Los registradores van a tener que trabajar el doble y mandárselo a la vez al Ministerio y a los colegios. Si los consejos generales no tienen información, se produce una falta total de control”, dicen.
Desde el Colegio de Registradores comentan que aunque en el diseño de la ley no se diga tal cosa, si el Ministerio lo pide tendrán que hacerlo así. Y Mariano Álvarez, vocal de registros mercantiles del Colegio, no cree que el Ministerio tenga intención de desarrollar el Reglamento, salvo en la parte en que se delimitan incompatibilidades.
Fuente del Ministerio, por su parte, destacan que la ley establece dos flujos de información diferenciados y complementarios: de los registradores al portal y de los colegios al portal. “Nunca hemos pretendido ir contra la ley”, aseguran. Otros expertos consultados replican que el cauce doble puede ser una opción, pero que a la hora de la verdad, en la web se dirá “pendiente de inscripción colegial”, lo que, a su juicio, contraviene la norma.
Enrique Sanz Fernández-Lomana, vicepresidente del CGAE, reseña que la Resolución de la DGRN ha creado ambigüedad, y ha trasladado a los colegios la responsabilidad de impedir que sociedades constituidas como de intermediación desarrollen actividades profesionales. “Por ello, hasta conocer el desenlace de las impugnaciones que se han presentado contra dicha resolución, los colegios tendrán que actuar disciplinariamente”, reseña.
“Los colegios debemos exigir el cumplimiento de la ley y, para ello, tendremos que adaptar nuestros estatutos y, a partir de ahí, actuar disciplinariamente. Pueden tener tal información por denuncia o de oficio a través de anuncios, o llegar a su conocimiento que facturan directamente los servicios profesionales. En el caso de los abogados, cuando las SP giren las facturas aparecerá la sociedad como centro de imputación y los colegios podrán conocerlo a través de las tasaciones de costas, cuando soliciten informe”, explica.
El impacto en los despachos medianos es desigual. Elzaburu se ha convertido en sociedad limitada profesional. Antonio Tavira, socio de la firma, explica que así se “recoge la fórmula del abogado especialista”.
Fernando Escura, presidente de Hispajuris, red en la que están integrados unos cuarenta despachos de tamaño mediano, valora bien la ley pero destaca varios interrogantes: “Parece volver al sistema de organización gremial cuando la tendencia es de liberalización; crea desigualdades con la existencia de las sociedades de intermediación”. Para Escura, la ley “está pensada para el consumidor”. Explica que hay bufetes que han adaptado su objeto social para ser sociedad de intermediación a la espera, “ya que no tienen claro que se consolide [la ley]”. Las sociedades de intermediación dibuja un esquema de “desigualdad”, ya que, precisa, “no todos juegan con las mismas reglas”. Y aventura una tendencia de transformación de SP a de intermediación.
