Jueves, 17 de julio de 2008
Noticias generales
El Tribunal de Cuentas denuncia subvenciones fraudulentas al empleo fijo
Expansión, 17 de julio de 2008
El órgano fiscalizador desvela que son fraudulentas entre el 10% y el 12% de las subvenciones mensuales que perciben las empresas. Hay trabajadores apuntados en tres grupos distintos de bonificaciones.
Publicado el 17/07/2008, por M. Valverde
El Tribunal de Cuentas ha descubierto “la existencia de deficiencias significativas [en los Servicios Públicos de Empleo y en la Tesorería General de la Seguridad Social] en la verificación de los importes descontados por los empresarios en concepto de bonificaciones para el fomento del empleo [estable] en la liquidación de las cotizaciones sociales”.
Fruto de las ayudas otorgadas por el Gobierno para promover el empleo indefinido de los colectivos de trabajadores que tienen difícil inserción laboral. Por ejemplo, mujeres con baja representación en algunos sectores, parados mayores de 45 años, con más de un año en el desempleo, o discapacitados.
Ésta es la conclusión del informe que el órgano fiscalizador acaba de enviar al Congreso de los Diputados sobre el ejercicio de recaudación de la Tesorería de la Seguridad Social entre 2005 y 2006. En el primer año, y contando la conversión de empleo temporal en indefinido, se crearon cerca de un millón de empleos, y se aplicaron en ayudas 2.788 millones de euros, mientras que, en el segundo, y al calor de la reforma laboral, se realizaron 1.500.000 contratos, y el Gobierno otorgó subvenciones en las cotizaciones sociales a las empresas por valor de 2.962 millones de euros. Entre ambos ejercicios, las subvenciones ascendieron a 5.750 millones de euros.
Entre las causas más relevantes de la falta de control descubiertas por el Tribunal de Cuentas sobre las ayudas a los contratos de fomento del empleo estable figuran afiliados a la Seguridad Social que están inscritos “en tres colectivos distintos” con derecho a bonificación de las cotizaciones sociales. Este hecho hace imposible “determinar el importe de la ayuda [que podía descontarse la empresa] en la liquidación de su contribución a la Seguridad Social”. Ésta es una de las razones por la cual resulta difícil al Tribunal conocer el importe exacto de la deuda de las empresas por aplicaciones indebidas de las ayudas.
En todo caso, el Tribunal de Cuentas hizo un muestreo en las liquidaciones de las cotizaciones sociales, en octubre de 2005 y noviembre de 2006, y descubrió que no deberían haberse concedido “entre el 10% y el 12% de las bonificaciones” aplicadas por las empresas en esos meses.
En estos casos, el trabajador “ni siquiera estaba dado de alta en la Seguridad Social en el mes en el que se hicieron las correspondientes liquidaciones”. Incluso, “la Tesorería de la Seguridad Social ha reconocido al Tribunal de Cuentas que no comprobaba si era correcta la cuantía de la ayuda otorgada en relación con la cotización o el porcentaje aplicado”.
El 52% de los desempleados procede del contrato temporal El 52% de los parados acaba en esta situación porque no se le renueva su contrato temporal, mientras que un 12% lo hace por despido y el resto por otras razones como la enfermedad, la incapacidad o para recibir formación, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente a 2007, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El dato ratifica la elevada rotación de empleo temporal que hay en el mercado de trabajo y que, en líneas generales, la finalización de este tipo de contratos es la fórmula más utilizada por las empresas para mover su plantilla. El 12% deja de trabajar por ser despedido, mientras que el resto va al paro por otras razones, como jubilación, cuidado de familiares o realizar estudios o formación.
Cadena de fallos en la Administración de la Seguridad Social
- 330 millones sin computar El Tribunal de Cuentas ha descubierto que, en el ejercicio 2006, la Seguridad Social dejó sin computar como ingresos 1.328 millones de euros por derechos de cobro generados por la falta de pago de las empresas en el plazo reglamentario. El informe señala que el hecho de no haber cobrado la deuda en metálico no impide que no figure en los registros contables, en “aplicación del criterio de devengo”.
- Es necesaria una provisión para insolvencias El informe recomienda a la Tesorería General de la Seguridad Social que cree una provisión para insolvencias, “en aplicación de los principios contables de prudencia y correlación de ingresos y gastos”. El Tribunal de Cuentas señala que, en 2006, la Tesorería debería haber provisionado 775 millones de euros, equivalentes al 64,89% de la deuda antes de su cargo en recaudación ejecutiva.
- Cuidado con las autoliquidaciones de las empresas El Tribunal de Cuentas sostiene que el sistema de autoliquidación de las cotizaciones sociales, que hacen los empresarios, “presenta importantes deficiencias, derivadas de la falta de comprobación de la información aportada por los empresarios”. En opinión del órgano fiscalizador, la Tesorería General de la Seguridad Social debería esforzarse en el control de las cotizaciones del propio trabajador, sistema que ya estaba previsto para 2005.
- Falta de rigor en la anulación de deuda El informe critica a la Tesorería General de la Seguridad Social porque no tiene un procedimiento interno que regule los trámites que tienen que hacer sus unidades administrativas para la anulación de reclamaciones de deudas a las empresas. Esto implica –señala el Tribunal– “el riesgo de que se anule la reclamación sin que esté suficientemente justificada”.
- La Tesorería carece de toda la información Esta deficiencia está relacionada con la anterior. El Tribunal de Cuentas ha detectado que los servicios centrales de la Tesorería de la Seguridad Social “no pueden analizar las causas por las que se producen las anulaciones de deuda a las empresas y, por tanto, si se hacen de forma incorrecta”, porque no las registran las direcciones provinciales en el Fichero General de Recaudación.
- Descoordinación con la Inspección Es relevante el hecho de que el informe denuncie la falta de coordinación entre la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. El órgano fiscalizador revela “un diseño deficiente del procedimiento establecido para la tramitación de la deuda”, entre ambos organismos de la Administración laboral, generando “la correspondiente alta y anulación de la deuda” para el empresario por no unificar la documentación.
El Tribunal de Cuentas ha descubierto “la existencia de deficiencias significativas [en los Servicios Públicos de Empleo y en la Tesorería General de la Seguridad Social] en la verificación de los importes descontados por los empresarios en concepto de bonificaciones para el fomento del empleo [estable] en la liquidación de las cotizaciones sociales”.
Fruto de las ayudas otorgadas por el Gobierno para promover el empleo indefinido de los colectivos de trabajadores que tienen difícil inserción laboral. Por ejemplo, mujeres con baja representación en algunos sectores, parados mayores de 45 años, con más de un año en el desempleo, o discapacitados.
Ésta es la conclusión del informe que el órgano fiscalizador acaba de enviar al Congreso de los Diputados sobre el ejercicio de recaudación de la Tesorería de la Seguridad Social entre 2005 y 2006. En el primer año, y contando la conversión de empleo temporal en indefinido, se crearon cerca de un millón de empleos, y se aplicaron en ayudas 2.788 millones de euros, mientras que, en el segundo, y al calor de la reforma laboral, se realizaron 1.500.000 contratos, y el Gobierno otorgó subvenciones en las cotizaciones sociales a las empresas por valor de 2.962 millones de euros. Entre ambos ejercicios, las subvenciones ascendieron a 5.750 millones de euros.
Entre las causas más relevantes de la falta de control descubiertas por el Tribunal de Cuentas sobre las ayudas a los contratos de fomento del empleo estable figuran afiliados a la Seguridad Social que están inscritos “en tres colectivos distintos” con derecho a bonificación de las cotizaciones sociales. Este hecho hace imposible “determinar el importe de la ayuda [que podía descontarse la empresa] en la liquidación de su contribución a la Seguridad Social”. Ésta es una de las razones por la cual resulta difícil al Tribunal conocer el importe exacto de la deuda de las empresas por aplicaciones indebidas de las ayudas.
En todo caso, el Tribunal de Cuentas hizo un muestreo en las liquidaciones de las cotizaciones sociales, en octubre de 2005 y noviembre de 2006, y descubrió que no deberían haberse concedido “entre el 10% y el 12% de las bonificaciones” aplicadas por las empresas en esos meses.
En estos casos, el trabajador “ni siquiera estaba dado de alta en la Seguridad Social en el mes en el que se hicieron las correspondientes liquidaciones”. Incluso, “la Tesorería de la Seguridad Social ha reconocido al Tribunal de Cuentas que no comprobaba si era correcta la cuantía de la ayuda otorgada en relación con la cotización o el porcentaje aplicado”.
El 52% de los desempleados procede del contrato temporal El 52% de los parados acaba en esta situación porque no se le renueva su contrato temporal, mientras que un 12% lo hace por despido y el resto por otras razones como la enfermedad, la incapacidad o para recibir formación, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente a 2007, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El dato ratifica la elevada rotación de empleo temporal que hay en el mercado de trabajo y que, en líneas generales, la finalización de este tipo de contratos es la fórmula más utilizada por las empresas para mover su plantilla. El 12% deja de trabajar por ser despedido, mientras que el resto va al paro por otras razones, como jubilación, cuidado de familiares o realizar estudios o formación.
Cadena de fallos en la Administración de la Seguridad Social
- 330 millones sin computar El Tribunal de Cuentas ha descubierto que, en el ejercicio 2006, la Seguridad Social dejó sin computar como ingresos 1.328 millones de euros por derechos de cobro generados por la falta de pago de las empresas en el plazo reglamentario. El informe señala que el hecho de no haber cobrado la deuda en metálico no impide que no figure en los registros contables, en “aplicación del criterio de devengo”.
- Es necesaria una provisión para insolvencias El informe recomienda a la Tesorería General de la Seguridad Social que cree una provisión para insolvencias, “en aplicación de los principios contables de prudencia y correlación de ingresos y gastos”. El Tribunal de Cuentas señala que, en 2006, la Tesorería debería haber provisionado 775 millones de euros, equivalentes al 64,89% de la deuda antes de su cargo en recaudación ejecutiva.
- Cuidado con las autoliquidaciones de las empresas El Tribunal de Cuentas sostiene que el sistema de autoliquidación de las cotizaciones sociales, que hacen los empresarios, “presenta importantes deficiencias, derivadas de la falta de comprobación de la información aportada por los empresarios”. En opinión del órgano fiscalizador, la Tesorería General de la Seguridad Social debería esforzarse en el control de las cotizaciones del propio trabajador, sistema que ya estaba previsto para 2005.
- Falta de rigor en la anulación de deuda El informe critica a la Tesorería General de la Seguridad Social porque no tiene un procedimiento interno que regule los trámites que tienen que hacer sus unidades administrativas para la anulación de reclamaciones de deudas a las empresas. Esto implica –señala el Tribunal– “el riesgo de que se anule la reclamación sin que esté suficientemente justificada”.
- La Tesorería carece de toda la información Esta deficiencia está relacionada con la anterior. El Tribunal de Cuentas ha detectado que los servicios centrales de la Tesorería de la Seguridad Social “no pueden analizar las causas por las que se producen las anulaciones de deuda a las empresas y, por tanto, si se hacen de forma incorrecta”, porque no las registran las direcciones provinciales en el Fichero General de Recaudación.
- Descoordinación con la Inspección Es relevante el hecho de que el informe denuncie la falta de coordinación entre la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. El órgano fiscalizador revela “un diseño deficiente del procedimiento establecido para la tramitación de la deuda”, entre ambos organismos de la Administración laboral, generando “la correspondiente alta y anulación de la deuda” para el empresario por no unificar la documentación.
