Martes, 29 de julio de 2008
Noticias generales
La crisis económica plantea el diálogo social más difícil
Expansión, 29 de julio de 2008
El Gobierno, la patronal y los sindicatos optan por comenzar el diálogo social con una declaración de intenciones ante la crisis y sus propios problemas internos.
Publicado el 29/07/2008, por M. Valverde y M. Tejo
El Gobierno, la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT iniciarán hoy el proceso de diálogo social más difícil de los últimos años, debido a la crisis económica que padece España.
A diferencia de otros procesos de concertación, el que comenzará en septiembre se desarrollará en medio de un fuerte proceso de destrucción de empleo, cuando la tasa de paro ha rebasado el 10% de la población activa y el Gobierno que, en el último año no ha acertado una sola de sus previsiones económicas y laborales, ya ha pronosticado que en 2009 el desempleo afectará, como poco, al 12,5% de la población activa. Es decir, a una cifra de tres millones de parados. Sin embargo, la declaración que firmarán hoy todas las partes no contiene ninguna referencia a una nueva reforma de la contratación y del despido.
La razón de esta ausencia se debe a varias razones. En primer lugar, a que los sindicatos no quieren oír hablar de una nueva modificación del Estatuto de los Trabajadores cuando está tan próxima la reforma de 2006. En esta posición coinciden con el propio ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que, además, ya ha dicho que “esta crisis no tiene su origen en los problemas del mercado de trabajo, sino en factores económicos” y, además, internacionales.
Es decir, en la inestabilidad financiera internacional, que ha repercutido en la crisis inmobiliaria, y el encarecimiento de los precios del petróleo y de los alimentos. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha puesto de parte de los sindicatos cuando ha asegurado que “vaya bien o vaya mal la economía no habrá recortes de los derechos de los trabajadores”.
En este contexto, conviene tener también en cuenta que el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, se enfrenta a un congreso del sindicato en diciembre, y que, dependiendo del rumbo del diálogo social, las corrientes que hay en la izquierda de la organización pueden amargarle la reelección.
Por lo tanto, y a priori, salen perdiendo de partida el vicepresidente económico, Pedro Solbes, que sí es partidario de seguir avanzando en la flexibilización del mercado de trabajo, y la patronal CEOE.
Precisamente, muchos empresarios son enormemente críticos con el Gobierno porque, en su opinión, no ha tomado las medidas oportunas para responder a la crisis con reformas estructurales y rebajas de impuestos. Incluso, dentro de la confederación empresarial, Gerardo Díaz Ferrán está teniendo una importante contestación por no haber sido lo suficientemente crítico con el Ejecutivo. Sin ir más lejos, el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, considera que el éste “quiere colgar del diálogo social las decisiones que le corresponden tomar a él”.
No obstante, la patronal firmará hoy la declaración, junto al Gobierno y los sindicatos, porque es “una actuación responsable” y, en su opinión, recoge varias de las inquietudes de los empresarios, como “la preocupación por las dificultades de financiación” de las compañías, y en especial, de las pymes; la necesidad de liberalizar los mercados de bienes y servicios y de hacer reformas estructurales, y por su apuesta sobre la formación y la investigación.
El Gobierno, la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT iniciarán hoy el proceso de diálogo social más difícil de los últimos años, debido a la crisis económica que padece España.
A diferencia de otros procesos de concertación, el que comenzará en septiembre se desarrollará en medio de un fuerte proceso de destrucción de empleo, cuando la tasa de paro ha rebasado el 10% de la población activa y el Gobierno que, en el último año no ha acertado una sola de sus previsiones económicas y laborales, ya ha pronosticado que en 2009 el desempleo afectará, como poco, al 12,5% de la población activa. Es decir, a una cifra de tres millones de parados. Sin embargo, la declaración que firmarán hoy todas las partes no contiene ninguna referencia a una nueva reforma de la contratación y del despido.
La razón de esta ausencia se debe a varias razones. En primer lugar, a que los sindicatos no quieren oír hablar de una nueva modificación del Estatuto de los Trabajadores cuando está tan próxima la reforma de 2006. En esta posición coinciden con el propio ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que, además, ya ha dicho que “esta crisis no tiene su origen en los problemas del mercado de trabajo, sino en factores económicos” y, además, internacionales.
Es decir, en la inestabilidad financiera internacional, que ha repercutido en la crisis inmobiliaria, y el encarecimiento de los precios del petróleo y de los alimentos. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha puesto de parte de los sindicatos cuando ha asegurado que “vaya bien o vaya mal la economía no habrá recortes de los derechos de los trabajadores”.
En este contexto, conviene tener también en cuenta que el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, se enfrenta a un congreso del sindicato en diciembre, y que, dependiendo del rumbo del diálogo social, las corrientes que hay en la izquierda de la organización pueden amargarle la reelección.
Por lo tanto, y a priori, salen perdiendo de partida el vicepresidente económico, Pedro Solbes, que sí es partidario de seguir avanzando en la flexibilización del mercado de trabajo, y la patronal CEOE.
Precisamente, muchos empresarios son enormemente críticos con el Gobierno porque, en su opinión, no ha tomado las medidas oportunas para responder a la crisis con reformas estructurales y rebajas de impuestos. Incluso, dentro de la confederación empresarial, Gerardo Díaz Ferrán está teniendo una importante contestación por no haber sido lo suficientemente crítico con el Ejecutivo. Sin ir más lejos, el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, considera que el éste “quiere colgar del diálogo social las decisiones que le corresponden tomar a él”.
No obstante, la patronal firmará hoy la declaración, junto al Gobierno y los sindicatos, porque es “una actuación responsable” y, en su opinión, recoge varias de las inquietudes de los empresarios, como “la preocupación por las dificultades de financiación” de las compañías, y en especial, de las pymes; la necesidad de liberalizar los mercados de bienes y servicios y de hacer reformas estructurales, y por su apuesta sobre la formación y la investigación.
