Martes, 19 de agosto de 2008
Noticias generales
Las 70 medidas del Gobierno para salir de la crisis
Diario de Mallorca, 19 de agosto de 2008
JAUME SITJAR (*) El Gobierno en su último Consejo de ministros ha aprobado 70 medidas para agilizar la Administración. En el resumen de estas 70 medidas se citan al menos 69 veces los términos telemático y similares, mientras que 44 de estas 70 medidas administrativas consisten en la reducción de trámites administrativos que hasta ahora se hacen en papel para que se hagan en el futuro electrónicamente.
Estas medidas, la Administración Electrónica, no es fruto de este plan urgente. Vienen impuestas por la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, de 22 de Junio, cuyo desarrollo hasta ahora ha sido casi nulo. Es decir, el Gobierno aprovecha la crisis económica para cumplir con una Ley que le obliga por una parte y por otra reconoce al ciudadano su derecho a comunicarse telemáticamente con la Administración. Hoy, salvo excepciones contadas y honrosas no se cumple esta Ley y se aprovecha la coyuntura para paliar este problema. Incluso la Orden de 26-12-2006 que impide a la Administración exigir la fotocopia del DNI, se incumple sistemáticamente (debía ahorrar muchas toneladas de papel y salvar miles de árboles...). Deseemos mejor suerte a este paquete de 70 medidas.
Estamos todos de acuerdo en que las circunstancias de la crisis son de difícil abordaje por el escaso margen que tiene este Gobierno (y todos los europeos). No puede intervenir directamente en los precios, ni sobre el tipo de interés ni sobre el valor de la moneda, que tradicionalmente eran los instrumentos económicos al uso. Ahora hay que confiar la marcha de nuestra economía al libre mercado, al Banco Central Europeo y a la Reserva Federal de EEUU, a los productores de petróleo, a los grandes mercados de materias primas, cuando no en conflictos bélicos.
Pero estas circunstancias no privan al Gobierno de realizar medidas más atrevidas en el mundo de la economía cotidiana, de empresarios y consumidores y sobre todo generar medidas de confianza para evitar el "sálvese quien pueda" que parece que se está instalando.
Junto con las 70 medidas de tipo administrativo-telemático hay 24 medidas económicas en forma de proyectos de Ley, de créditos, de inversiones, planes, etc. pero en el aspecto fiscal las medidas son nulas o escasas y hasta regresivas, pues la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio no beneficia precisamente a los afectados por la crisis. La devolución del IVA es una medida anunciada desde abril y ahora debe tramitarse un proyecto de Ley, o sea que deberemos esperar al menos medio año para que Hacienda devuelva rápidamente un dinero que ha cobrado de más y que retiene durante meses sin intereses para el contribuyente.
Desde el punto de vista laboral ninguna medida se vislumbra, lo que es de extrañar pues la cifra de parados aumenta y disminuye globalmente la cifra de autónomos. Ante esta situación debería haberse aprovechado para hacer alguna reforma laboral que ayude a no destruir empleo, a crearlo y a proteger a los trabajadores que, pese a todo, pierden su trabajo. ¿es un buen momento para ensayar alguna medida de flexiseguridad laboral, de común acuerdo con empresarios y trabajadores?
También podría aprovecharse para regular el teletrabajo, una buena alternativa, o ampliar el período de descanso por maternidad -con cargo a la seguridad social- siempre y cuando se sustituya el puesto de trabajo por otro interino. Ambas propuestas crearían empleo. Debería apoyarse a los pequeños empresarios, de menos de 25 trabajadores, para simplificar sus despidos objetivos, pues estas empresas tienen menos posibilidades para acreditar sus dificultades económicas, organizativas, técnicas o de producción, que les permitan adecuar sus plantillas a las actuales circunstancias, arrastradas por las consecuencias de otras empresas más grandes, de las que normalmente son subcontratadas. En cuanto a los autónomos, más que nunca precisan ahora de forma urgente de una cobertura de cese en la actividad, así como eliminar los topes artificiales en sus cotizaciones y permitir el tiempo parcial en determinadas circunstancias (trabajos de fin de semana, ayudas de carácter familiar, etc.). Tampoco vemos ninguna medida para los pensionistas de niveles más bajos, que no pudieron beneficiarse de los famosos 400 euros, al no alcanzar su nivel impositivo este importe pues debemos recordar que los pensionistas que tienen una pensión igual o inferior a los 600 euros no tiene retención. Estos modestos ciudadanos no han visto alegrada su escasa pensión en los 400 euros anunciados. Más de 4,5 millones de pensionistas, de total de 8 millones, han quedado excluidos de esta medida que hubiera supuesto unos 1.800 millones de euros para estas clases más desfavorecidas; sin duda una buena medida social y favorecedora del consumo interno.
Se aprovecha la situación, sin embargo, para liberalizar muchas actividades profesionales y de servicios so pretexto de que entorpecen la libre competencia, pero realmente se van a desregularizar actividades profesionales muy sensibles, que merecen una mínima regulación para garantía de los consumidores y usuarios. Otros ejemplos negativos ya los hemos visto en el pasado. ¿Y las autonomías? En la medida de sus competencias y responsabilidades deberían elaborar planes y aprobar medidas similares, en consonancia y colaboración con el Gobierno central, para remar todos en la misma dirección, procurar que la Administración autonómica sea más eficiente y ayude a superar esta crisis, dejando momentáneamente de monopolizar su atención en su financiación. Y si consiguen más, pues que apoyen más a la economía de su comunidad. En resumen, las medidas del Gobierno son muy escasas, nulas en las comunidades autónomas y se deberán realizar reformas más profundas antes de fin de año para afrontar la crisis actual y prepararnos para su salida dentro de un par de años.
(*) Graduado Social-Asesor Laboral
También podría aprovecharse para regular el teletrabajo, una buena alternativa, o ampliar el período de descanso por maternidad -con cargo a la seguridad social- siempre y cuando se sustituya el puesto de trabajo por otro interino. Ambas propuestas crearían empleo. Debería apoyarse a los pequeños empresarios, de menos de 25 trabajadores, para simplificar sus despidos objetivos, pues estas empresas tienen menos posibilidades para acreditar sus dificultades económicas, organizativas, técnicas o de producción, que les permitan adecuar sus plantillas a las actuales circunstancias, arrastradas por las consecuencias de otras empresas más grandes, de las que normalmente son subcontratadas. En cuanto a los autónomos, más que nunca precisan ahora de forma urgente de una cobertura de cese en la actividad, así como eliminar los topes artificiales en sus cotizaciones y permitir el tiempo parcial en determinadas circunstancias (trabajos de fin de semana, ayudas de carácter familiar, etc.). Tampoco vemos ninguna medida para los pensionistas de niveles más bajos, que no pudieron beneficiarse de los famosos 400 euros, al no alcanzar su nivel impositivo este importe pues debemos recordar que los pensionistas que tienen una pensión igual o inferior a los 600 euros no tiene retención. Estos modestos ciudadanos no han visto alegrada su escasa pensión en los 400 euros anunciados. Más de 4,5 millones de pensionistas, de total de 8 millones, han quedado excluidos de esta medida que hubiera supuesto unos 1.800 millones de euros para estas clases más desfavorecidas; sin duda una buena medida social y favorecedora del consumo interno.
Se aprovecha la situación, sin embargo, para liberalizar muchas actividades profesionales y de servicios so pretexto de que entorpecen la libre competencia, pero realmente se van a desregularizar actividades profesionales muy sensibles, que merecen una mínima regulación para garantía de los consumidores y usuarios. Otros ejemplos negativos ya los hemos visto en el pasado. ¿Y las autonomías? En la medida de sus competencias y responsabilidades deberían elaborar planes y aprobar medidas similares, en consonancia y colaboración con el Gobierno central, para remar todos en la misma dirección, procurar que la Administración autonómica sea más eficiente y ayude a superar esta crisis, dejando momentáneamente de monopolizar su atención en su financiación. Y si consiguen más, pues que apoyen más a la economía de su comunidad. En resumen, las medidas del Gobierno son muy escasas, nulas en las comunidades autónomas y se deberán realizar reformas más profundas antes de fin de año para afrontar la crisis actual y prepararnos para su salida dentro de un par de años.
(*) Graduado Social-Asesor Laboral
