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Viernes, 22 de enero de 2010
Noticias generales

El colapso de los juzgados de lo Social hace que se fijen juicios con un año de retraso

Diario de Mallorca, 22 de enero de 2010



El próximo miércoles se reclamará al Ministerio que duplique el número de jueces en Palma
F. GUIJARRO. PALMA. El colapso de los Juzgados de lo Social está provocando que en estos momentos se estén fijando las fechas de algunos juicios con un año de retraso, según destacan sindicatos y abogados. El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, reconoce el grave problema que se está registrando, y advierte que se trata de un déficit estructural. Por ello, adelantó que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears tiene previsto en su reunión del próximo miércoles reclamar al ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial que Palma pase de contar con cuatro salas de lo Social a un mínimo de siete. Martínez Espinosa no ocultó que las cargas de trabajo de los juzgados de lo Social palmesanos superan con creces las posibilidades de sus titulares, con una constante tendencia al alza durante los últimos tres años, lo que está conllevando los citados retrasos. En los juicios por despidos, la demora a la hora de fijar su fecha de celebración se mueve entre los tres y cuatro meses, y ello a pesar de que desde finales del pasado año un juez penal está ayudando a afrontar este tipo de casos, lo que ha permitido recortar algo los tiempos de espera. Sin embargo, cuando se trata de reclamaciones de cantidades económicas a empresas por parte de los trabajadores, o de pensiones a la Seguridad Social, el día de juicio se está fijando para dentro de un año. El juez decano de Palma valoró el trabajo que está realizando el juez de lo penal asignado como refuerzo a sus cuatro compañeros de lo social, pero recordó que esta ayuda se limita a las reclamaciones por despido, y apuntó que ello puede deberse a que en muchos casos el Estado debe abonar los salarios de tramitación a través del Fondo de Garantía Salarial, por lo que las demoras le suponen un coste. No sucede lo mismo cuando se trata de reclamaciones de cantidades económicas. Según los informes elaborados por estos juzgados, cada uno de ellos debería tramitar al año un máximo de unos 850 casos, pero en este momento la cifra real se mueve en torno a los 1.500, lo que refleja la necesidad de pasar al menos de los cuatro actuales a siete.

Petición el miércoles

Martínez Espinosa señaló que el ministerio de Justicia todavía no ha cerrado las dotaciones presupuestarias para este año, de ahí que la Sala de Gobierno del TSJB vaya a tratar este problema en la reunión que va a mantener el próximo miércoles, y ya se ha decidido remitir a ese departamento estatal y al Consejo General del Poder Judicial un informe exponiendo las citadas cargas de trabajo y justificando la necesidad de que Palma pase a contar con al menos tres juzgados más de lo Social. En su opinión, no se trata de un problema coyuntural vinculado exclusivamente a la crisis económica, sino que ya ha adquirido un carácter estructural. El juez decano señaló que el CGPJ ya ha reconocido la necesidad de dotar a Palma de otras dos salas –una menos de las que se reclaman desde la isla–, y consideró que incluso el hecho de que se creara sólo una nueva sería positivo, por cuanto permitiría frenar el actual proceso de degradación que se viene registrando en esta materia, con las enormes demoras en las fechas de los juicios. Desde los sindicatos y el colectivo de abogados se destaja el perjuicio que las demoras suponen para muchos isleños, que se mantienen durante meses a la espera de acceder a una pensión o de cobrar unas retribuciones que se les adeudan.

El Tamib también soporta más presión



El director del Tribunal de Arbitraje y Mediación de Balears (Tamib), Carlos Riera, ha destacado que el pasado año se cerró con unos 11.000 expedientes atendidos en este servicio, frente a los 9.500 que aproximadamente se registraron en 2008, lo que ha supuesto un aumento de las cargas de trabajo que se acerca al 15%, fruto del incremento de los casos de despidos o impagos a los trabajadores que se han ido registrando en el marco de crisis económica. Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Manuel Pelarda, consideró que el colapso que se está dando en los juzgados de lo Social se explica en parte porque uno de cada tres conflictos tratados en el Tamib no consigue resolverse por la incomparecencia de una de las parters, habitualmente la empresarial. especialmente en aquellos casos en que se reclama alguna cantidad económica. Según Manuel Pelarda, este problema se debe a que esas incomparecencias no están sancionadas, de ahí que se opte por no acudir para llevar el caso a los Tribunales y demorar su resolución, lo que a su vez retrasa el desembolso económico que se reclama.