Lunes, 9 de mayo de 2011
Noticias generales
Trabajo enfría la promesa de controlar más el absentismo
Expansión, 9 de mayo de 2011
La cita del ministro con los agentes sociales se saldó con una conclusión: las altas laborales seguirán controladas por la sanidad pública.
09.05.2011 M. Tejo
La cita del ministro con los agentes sociales se saldó con una conclusión: las altas laborales seguirán controladas por la sanidad pública.
El Ejecutivo logró ayer quitarse de en medio algunas de las ramas que hasta ahora han enturbiado la posibilidad de un acuerdo en el marco de la negociación colectiva. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se citó con los primeros espadas de la patronal y los sindicatos para tratar uno de los temas más espinosos sobre la mesa: el futuro de las mutuas de accidentes laborales. La CEOE ha venido reclamando que estas asociaciones empresariales bajas y altas laborales, igual que lo hacen los médicos de la sanidad pública.
El Ejecutivo ha resuelto esta petición incómoda para los sindicatos, que temen que las mutuas acorten de forma atropellada las incapacidades temporales de los trabajadores, con una promesa a largo plazo. O dicho de otro modo: las mutuas no arañarán ese poder en el actual proceso negociador, aunque el Gobierno deja la puerta abierta a que se aborde este asunto en un futuro próximo, a través de una ley específica (ver apoyo).
En el borrador de propuestas encima de la mesa, que ha podido consultar EXPANSIÓN, tan sólo se alude al desarrollo de un programa “específico” para poner coto a las bajas fraudulentas y limar, así, “costes indebidos”. Se trata de estrechar lazos entre la Seguridad Social y las mutuas para “garantizar la gestión eficiente y transparente” de las mutuas, así cómo “su contribución a la solidez y mejora del sistema de la Seguridad Social”.
De esta forma, CEOE vería rota sus expectativas de ganar más control para las mutuas, sin menoscabo de que este programa pueda significar un paso adelante en la lucha contra el absentismo.
Como contrapartida, los empresarios podrían disfrutar de una bajada de cotizaciones sociales. Los agentes sociales están por la labor de que si este acuerdo llega a buen puerto que se evalúe, con vistas a los presupuestos de 2012, “la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos” de las mutuas. Si es positiva, la patronal pide que haya una “reducción de cotizaciones” para las empresas. Un vocablo que los sindicatos prefieren cambiar por “ajuste”. En cualquier caso, se deja la puerta abierta a reducir las aportaciones que hacen los empresarios para cubrir las contingencias por accidentes de trabajo.
Impacto económico Más de un millón de personas – 1.005.800, según los datos de 2010– se cogen una baja al año, lo que supone un impacto directo de 10.840 millones (1,15% del PIB). De este colectivo, según apunta la patronal, “400.000 son absentistas profesionales”, se ausentan del trabajo de forma injustificada o sin una razón médica razonable. Así, en términos económicos el oportunismo, como cara amarga del absentismo laboral, absorbe alrededor de 4.310 millones de euros.
La CEOE siempre ha exhibido la destreza de las mutuas para poner coto a la picaresca: los procesos por incapacidad temporal que ellas gestionan duran 35,7 días de media, mientras que por la Seguridad Social lo hacen en 12,4 días más. Sin embargo, todo apuntan a que tendrán que esperar para recibir su recompensa. “Igual no conseguimos un avance muy significativo. No esperamos una reforma profunda a corto plazo”, es la tesis de prudencia que sostienen en la patronal.
Una ley propia de mutuas está al caer De actrices secundarias a protagonistas. Éste es el doble rol que han jugado las mutuas desde que arrancó el diálogo social. El Ejecutivo fue el primero en lanzarlas a la ‘fama’. Hay que recordar que en dos ocasiones la secretaría de Estado de la Seguridad Social intentó maquillar la hucha de las pensiones acaparando parte de las cuotas empresariales que están en las reservas de las mutuas (ver EXPANSIÓN del 15 de noviembre del 8 de enero), lo que fue interpretado por la patronal como un asalto en toda regla, y así se lo hizo saber a Octavio Granado, que tuvo que recular.
Desde entonces, el futuro de las mutuas se ha convertido en el plato fuerte de las discusiones que estas semanas centran patronal y sindicatos. El Ejecutivo no quiere volver a pillarse los dedos y mantiene una posición ambigua sobre la titularidad que deben tener estas agrupaciones (teóricamente son empresas, pero bajo la vigilancia y tutela de la Seguridad Social, que tiene que dar su aprobación a los equipos de dirección, la contratación de plantilla médica, la compra de nuevos locales, etcétera).
Según fuentes parlamentarias del PSOE y el PP, el Ejecutivo planea abordar este espinoso asunto en una ley específica, que se concretaría tras las elecciones y una vez que pase la tormenta de la negociación colectiva. Así, ganará tiempo para pensar si quiere que las mutuas sean empresas normales o...intervenidas.
La cita del ministro con los agentes sociales se saldó con una conclusión: las altas laborales seguirán controladas por la sanidad pública.
El Ejecutivo logró ayer quitarse de en medio algunas de las ramas que hasta ahora han enturbiado la posibilidad de un acuerdo en el marco de la negociación colectiva. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se citó con los primeros espadas de la patronal y los sindicatos para tratar uno de los temas más espinosos sobre la mesa: el futuro de las mutuas de accidentes laborales. La CEOE ha venido reclamando que estas asociaciones empresariales bajas y altas laborales, igual que lo hacen los médicos de la sanidad pública.
El Ejecutivo ha resuelto esta petición incómoda para los sindicatos, que temen que las mutuas acorten de forma atropellada las incapacidades temporales de los trabajadores, con una promesa a largo plazo. O dicho de otro modo: las mutuas no arañarán ese poder en el actual proceso negociador, aunque el Gobierno deja la puerta abierta a que se aborde este asunto en un futuro próximo, a través de una ley específica (ver apoyo).
En el borrador de propuestas encima de la mesa, que ha podido consultar EXPANSIÓN, tan sólo se alude al desarrollo de un programa “específico” para poner coto a las bajas fraudulentas y limar, así, “costes indebidos”. Se trata de estrechar lazos entre la Seguridad Social y las mutuas para “garantizar la gestión eficiente y transparente” de las mutuas, así cómo “su contribución a la solidez y mejora del sistema de la Seguridad Social”.
De esta forma, CEOE vería rota sus expectativas de ganar más control para las mutuas, sin menoscabo de que este programa pueda significar un paso adelante en la lucha contra el absentismo.
Como contrapartida, los empresarios podrían disfrutar de una bajada de cotizaciones sociales. Los agentes sociales están por la labor de que si este acuerdo llega a buen puerto que se evalúe, con vistas a los presupuestos de 2012, “la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos” de las mutuas. Si es positiva, la patronal pide que haya una “reducción de cotizaciones” para las empresas. Un vocablo que los sindicatos prefieren cambiar por “ajuste”. En cualquier caso, se deja la puerta abierta a reducir las aportaciones que hacen los empresarios para cubrir las contingencias por accidentes de trabajo.
Impacto económico Más de un millón de personas – 1.005.800, según los datos de 2010– se cogen una baja al año, lo que supone un impacto directo de 10.840 millones (1,15% del PIB). De este colectivo, según apunta la patronal, “400.000 son absentistas profesionales”, se ausentan del trabajo de forma injustificada o sin una razón médica razonable. Así, en términos económicos el oportunismo, como cara amarga del absentismo laboral, absorbe alrededor de 4.310 millones de euros.
La CEOE siempre ha exhibido la destreza de las mutuas para poner coto a la picaresca: los procesos por incapacidad temporal que ellas gestionan duran 35,7 días de media, mientras que por la Seguridad Social lo hacen en 12,4 días más. Sin embargo, todo apuntan a que tendrán que esperar para recibir su recompensa. “Igual no conseguimos un avance muy significativo. No esperamos una reforma profunda a corto plazo”, es la tesis de prudencia que sostienen en la patronal.
Una ley propia de mutuas está al caer De actrices secundarias a protagonistas. Éste es el doble rol que han jugado las mutuas desde que arrancó el diálogo social. El Ejecutivo fue el primero en lanzarlas a la ‘fama’. Hay que recordar que en dos ocasiones la secretaría de Estado de la Seguridad Social intentó maquillar la hucha de las pensiones acaparando parte de las cuotas empresariales que están en las reservas de las mutuas (ver EXPANSIÓN del 15 de noviembre del 8 de enero), lo que fue interpretado por la patronal como un asalto en toda regla, y así se lo hizo saber a Octavio Granado, que tuvo que recular.
Desde entonces, el futuro de las mutuas se ha convertido en el plato fuerte de las discusiones que estas semanas centran patronal y sindicatos. El Ejecutivo no quiere volver a pillarse los dedos y mantiene una posición ambigua sobre la titularidad que deben tener estas agrupaciones (teóricamente son empresas, pero bajo la vigilancia y tutela de la Seguridad Social, que tiene que dar su aprobación a los equipos de dirección, la contratación de plantilla médica, la compra de nuevos locales, etcétera).
Según fuentes parlamentarias del PSOE y el PP, el Ejecutivo planea abordar este espinoso asunto en una ley específica, que se concretaría tras las elecciones y una vez que pase la tormenta de la negociación colectiva. Así, ganará tiempo para pensar si quiere que las mutuas sean empresas normales o...intervenidas.
