Las empresas y el sector público tendrán que pagar a sus proveedores como regla general en un plazo máximo de 30 días, según la nueva norma comunitaria para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales aprobada de forma definitiva este lunes por los países de la UE.
El Fondo pide una reducción de los costes del despido, una rebaja de la protección por desempleo y un cambio de calado en la negociación colectiva para primar al convenio de empresa.
El Gobierno negocia con sindicatos y patronal un plan de choque que movilice la contratación juvenil y los parados de larga duración. El instrumento elegido es el contrato a tiempo parcial: eliminará las cotizaciones a la Seguridad Social de las pymes durante un año en los nuevos contratos de este tipo, y las reducirá al 75% en el caso de grandes empresas.
El Gobierno ofreció ayer a las organizaciones de autónomos la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia puedan jubilarse anticipadamente, algo que hasta ahora solo podían hacer en contadas excepciones, como en el caso de ser mutualista antes de 1967.