Ante la Directiva europea que ampliaría la semana laboral hasta las 65 horas, los asesores consultados recuerdan que se trata de una medida voluntaria y controlada que redundaría en un sistema a la postre más social, como muestra que lo secunden países pioneros en ese modelo.
Deberán inscribirse en el Inem los pactos entre las compañías y los autónomos que trabajen casi en exclusiva para ellas. “Necesariamente deberán figurar la compensación económica y las vacaciones”, señala la norma.
Un sondeo estima que la adaptación, cuyo plazo se cumplía ayer, sólo alcanza al 30%. Los expertos la califican de ambigua y creen que la convivencia con las sociedades intermediarias creará “desigualdad”, ya que éstas quedan al margen de la norma.