El Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears respalda sin reservas la denuncia pública formulada por el Consejo General de Graduados Sociales de España ante la sobrecarga normativa, la multiplicación de notificaciones y los plazos imposibles que están llevando a la profesión a una situación límite. “No estamos desbordados: estamos hastiados y exhaustos”, ha dicho su presidente, Joaquín Merchán Bermejo. Lo compartimos plenamente: no es una exageración, es el día a día de nuestros despachos.
La publicación constante de nuevas normas, sin periodos de adaptación suficientes, ha convertido nuestro trabajo en una carrera de obstáculos. La implantación de NOTES y DEHU tras la entrada en vigor del BNR 8/2025 ha disparado las notificaciones automáticas, muchas de ellas fuera de horario laboral, saturando los sistemas y acortando los tiempos hábiles de respuesta. La digitalización, tal y como está diseñada (planteada actualmente), confunde velocidad con eficacia y deja a los profesionales sin margen, sin derecho al error y sin descanso.
«Reivindicamos una desconexión digital efectiva, notificaciones dentro del horario laboral, plazos razonables y una vacatio legis real para que nos permita aplicar con seguridad cada cambio normativo».
Además, solicitamos reabrir el debate sobre la ampliación a seis días naturales del plazo para comunicar bajas y variaciones de datos, una propuesta rechazada este año pese a su evidente sentido práctico. Automatizar procesos no puede equivaler a recortar garantías a quienes velamos por el cumplimiento de la legalidad para empresas, trabajadores, autónomos y ciudadanía.
El Consejo General ya ha hecho su parte: ha constituido una mesa de trabajo con la Tesorería General de la Seguridad Social y ha promovido una Proposición No de Ley registrada en el Congreso. Ahora corresponde a los poderes públicos escuchar, corregir y legislar con previsión. No pedimos privilegios: pedimos reglas claras, tiempos humanos y sistemas que funcionen.
Desde el Colegio de Graduados Sociales de Baleares reiteramos nuestro compromiso con un modelo normativo justo, sostenible y verdaderamente humano, en el que la Administración recupere su papel de servicio al ciudadano y en el que la salud laboral de los graduados sociales no sea el precio a pagar por la improvisación legislativa.
